El nuevo control de explosivos hace peligrar más de 50 minas y canteras

Más de un tercio de las aproximadamente 150 empresas consumidoras de explosivos de la provincia no podrán asumir las nuevas condiciones de seguridad que acaba de decretar el Gobierno para dar respuesta a los atentados del 11-M, según aseguran diversas fuentes del sector, que advierten que si no se racionalizan las reformas que se han añadido al reglamento al menos medio centenar de minas y canteras de roca ornamental leonesas dejarán de ser económicamente viables. El Reglamento de Explosivos de 1998 sufrió una primera modificación en junio pasado a través de una Orden de Presidencia que estableció que todos los consumidores deben llevar una estricta contabilidad diaria del material que reciben, el que consumen y el que almacenan, según un modelo que establece el Gobierno, además de levantar acta en cada voladura que se realice, sea grande o pequeña. Además, los fabricantes tienen que identificar los productos con una clave que obliga a anotar manualmente los códigos al recibirlos, consumirlos y almacenarlos. «Esta exigencia ya ha encarecido este año los explosivos, pero además no existe la posibilidad de automatizar el proceso con algo similar a un lector de códigos de barras», lamenta el responsable de una explotación. Las modificaciones más importantes al reglamento llegaron sin embargo el pasado 11 de marzo, coincidiendo con el aniversario de los atentados de Madrid y en respuesta a la comparecencia del presidente Zapatero ante la comisión de investigación, donde anunció reformas en la normativa y un endurecimiento de las penas para quienes las incumplan. La primera de estas novedades es la obligatoriedad de sustituir en el plazo de un año los actuales depósitos de las minas, los denominados Minipol , que son unas cajas fuertes ancladas en hormigón en las que se almacena el explosivo que ha sobrado de una jornada de trabajo, hasta un máximo de 50 kilos, y siempre separados de los detonadores, que deben alojarse en otro independiente. Una empresa como la Hullera Vasco Leonesa o como la MSP puede disponer de cerca de un centenar de estos depósitos, de los que existen más de mil por toda la provincia, y que deberán cambiarse por cajas de seguridad de nivel 7, que son cinco veces más caras, y de las que ni siquiera disponen en la actualidad las entidades bancarias leonesas, según aseguran fuentes del sector. Las nuevas normas obligan además a que estas cajas se tengan que abrir con dos cerraduras simultáneas, una de cuyas llaves deberá custodiar el responsable de la explotación y otra el vigilante de seguridad. La reforma obliga además a que aquellas instalaciones que almacenen más 150 kilos de explosivos o de mil detonadores estén permanentemente vigiladas por un guardia armado, cuando paradójicamente la Ley prohíbe escrupulosamente la introducción de armas de fuego o cualquier instrumento que pueda provocar chispas o llamas en una mina, una contradicción que se repite al atribuir a estos guardas la vigilancia de las voladuras, algo que los mineros consideran prácticamente imposible en el espacio angosto y oscuro de un taller. Estos problemas se suman a otros, como la obligación de informar a la Guardia Civil sobre todo el personal que maneja explosivos para que lo autorice o no, en función de sus antecedentes penales, la obligación de los vigilantes de presentar un plan de registros del personal a la salida de las explotaciones o la imposibilidad de que quienes custodian el transporte de explosivos hasta la explotación los carguen y descarguen, como vienen haciendo actualmente, cuando el personal de la empresa consumidora no está autorizado a entrar en el camión, que se considera un polvorín. En definitiva, el sector advierte de que los costes de estas nuevas normas serán inasumibles por un tercio de las empresas a no ser que se adopten medidas correctoras.