Interior confía en que el reglamento de explosivos no perjudique a las minas

El subdelegado del Gobierno en León, Francisco Álvarez, advierte que aunque el nuevo reglamento de explosivos ya es una realidad, aún hay que desarrollar su aplicación, y confía en que en este proceso consigan salvar buena parte de los problemas que denuncian los aproximadamente 160 consumidores de estos productos que existen en la provincia. Los empresarios advierten que en torno a un centenar de pequeñas minas y canteras de piedra ornamental no podrán asumir las exigencias del nuevo reglamento, y dejarán de ser económicamente viables. Álvarez recuerda al respecto que los trágicos atentados del 11 de marzo del año pasado en Madrid hacen necesario ser rigurosos y estrictos en el manejo y control de los explosivos. En cuanto a los problemas que puede causar en el sector minero, el subdelegado recuerda que antes de la entrada en vigor del nuevo reglamento ya se mantuvieron reuniones previas con los consumidores de explosivos, y anuncia que ya se han sentado con las cámaras de comercio y las patronales del sector las bases de la comisión específica que le ha encargado el delegado del Gobierno en Castilla y León, Miguel Alejo, para desarrollar el nuevo reglamento. «Estamos abiertos a recibir sugerencias e intercambiar información con los profesionales que emplean explosivos», manifestó. Entre las novedades del nuevo reglamento destaca la exigencia de sustituir el millar de cajas fuertes que existen en explotaciones mineras de la provincia para almacenar explosivos por depósitos de seguridad de nivel 7, con mayor blindaje que los de cualquier banco leonés, y que quintuplican el precio de los actuales. También se exige llevar una estricta contabilidad diaria del explosivo recibido, consumido y almacenado. Otra novedad es que un vigilante armado deberá custodiar aquellas instalaciones en las que se almacenen más de 150 kilos de explosivos o de mil detonadores, que esté presente en las voladuras y que este personal desarrolle un plan de registros al personal que debe ser aprobado por la Guardia Civil. En este caso se da la paradoja de que la Ley de Minas prohíbe tajantemente, por motivos de seguridad, introducir cualquier tipo de arma de fuego en una explotación subterránea. Además, el reglamento exige que se debe comunicar a las autoridades la lista de todo el personal que maneja explosivos en su trabajo, que será autorizado o no para seguir haciéndolo en función de su historial.