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Endesa y la Administración responderán a la propuesta de negociación lanzada por la minera

El Grupo Alonso debe afrontar hoy el pago de 9 millones de euros en salarios

Los sindicatos esperan acontecimientos antes de adoptar medidas de protesta

Hoy es día de cobro para la mayor parte de los trabajadores del Grupo Victorino Alonso

León

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Los trabajadores de las empresas Uminsa, Virgilio Riesco, Campomanes y Minex, todas ellas pertenecientes al Grupo Victorino Alonso, esperan conocer hoy si percibirán los salarios correspondientes al último mes o si, por el contrario, se suman a sus compañeros de la MSP, que el pasado jueves (su día de cobro) no recibieron el importe de las nóminas. Son en total más de 3.000 trabajadores, a los que hay que abonar alrededor de 9 millones de euros mensuales, según fuentes de la empresa. Todos ellos están pendientes de la resolución del conflicto que el Grupo Alonso mantiene con Endesa por el precio del carbón que la eléctrica recibe para la térmica de Compostilla; que se prolonga desde hace más de cuatro meses y que la semana pasada entró en terreno judicial. Gracias a la mediación del secretario general de la Energía, Antonio Fernández Segura, el pasado jueves la eléctrica ingresó en las cuentas de la minera 6,5 millones de euros, en teoría correspondientes a dos meses de facturación. Según el Grupo Alonso, esta transferencia (en principio no consentida por la empresa minera) se realizó a las cuentas endeudadas, por lo que el dinero no podría ser utilizado para pagar las nóminas, sino que pasaría directamente a las entidades financieras. El grupo mantiene una deuda de más de 70 millones de euros, que corresponden a los gastos de funcionamiento de los últimos cuatro meses, en los que las empresas mineras han mantenido la actividad, pero han almacenado el mineral extraido en lugar de entregarlo a la térmica de Endesa. Desde la empresa minera se advierte que el objetivo final de la eléctrica de no asumir el incremento del precio del carbón, pese a la subida del mineral internacional, supondría en la práctica el cierre «a muy corto plazo» de las minas leonesas; y se critica que la judicialización del conflicto pretenda implicar a los trabajadores, impidiendo el cobro de sus salarios. Desde el Gobierno se insiste en que Caja España mantiene abierta la línea de crédito para pagar las nóminas del Grupo Alonso.