Diario de León

El subdelegado insta a Alonso y Endesa a negociar para «dirimir sus diferencias»

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El Gobierno está «preocupado» por el conflicto que enfrenta a Endesa y al Grupo Alonso, y que está retrasando el pago de las nóminas a los más de 3.000 trabajadores de la empresa minera, pero considera que son las empresas las que tienen que dirimir sus diferencias. Por otra parte, la Junta manifiesta sus limitaciones a la hora de intervenir en el conflicto, y considera que la Administración central sí tiene capacidad para forzar una negociación. Así lo manifestaron ayer respectivamente el subdelegado del Gobierno en León, Francisco Álvarez, y el delegado de la Junta en León, Eduardo Fernández, durante la inauguración del Curso Teórico-Práctico de Riesgos Naturales y Tecnológicos en Castilla y León, en Ponferrada. Álvarez apuntó: «Estamos profundamente preocupados, pero el problema está planteado entre dos empresas fundamentalmente, que tienen que dirimir sus diferencias, y esperemos que lo hagan en una mesa de negociación. Si no puede ser así, tendrán que ser los tribunales los que resuelvan y diriman las diferencias. Pero el Gobierno de la nación está preocupado, me consta que el presidente del Gobierno sigue día a día estos acontecimientos». Añadió: «Un conflicto ahora no sería beneficioso para nadie, sobre todo ahora que se empieza a hablar del nuevo Plan del Carbón y se necesita un clima de sosiego y de tranquilidad para poder tener distendidamente un periodo largo de conversaciones. Tener estas conversaciones en un escenario de conflicto no es bueno». La Junta Por su parte, el delegado de la Junta en León señaló que el gobierno autonómico ha mantenido reuniones con las dos empresas «desde el primer momento», pero destacó que son conscientes «de cuál es el alcance de las competencias de la Junta en esta materia». Añadió: «Nosotros tratamos de fomentar el diálogo, pero me temo que hasta el momento ha sido un diálogo de sordos. Es muy difícil que cualquiera desde fuera pueda imponer ningún criterio. Yo creo que es la Administración del Estado, que es la que tiene mayores instrumentos, no de coerción, pero sí que de convencimiento de las empresas. Un sector que ha sufrido los varapalos que éste ha sufrido, no esté sometido a esta tensión absolutamente innecesaria y que vuelve a arrojar sombras de dudas sobre la pervivencia del sector», añadió.

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