Los enfermos de la colza exigen una pensión vitalicia con un encierro

Los afectados del síndrome tóxico de León comenzaron ayer un encierro indefinido en el salón de plenos del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo para exigir una entrevista personal con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el compromiso escrito de que en los Presupuestos Generales del Estados se contemplará una partida específica para garantizarles pensiones vitalicias. Esta dotación es la promesa que, según los afectados, el ahora presidente realizó cuando siendo líder de la oposición se reunió con ellos, un compromiso que plasmó en una iniciativa parlamentaria. Abel Fernández, portavoz de la asociación leonesa de afectados, explicó que después de tantas promesas incumplidas sólo les vale el «compromiso escrito» del presidente o de la persona que él delegue. Así se lo comunicó a Eugenia Gancedo, concejal de San Andrés y secretaria de Organización del Partido Socialista de León, que inmediatamente inició los trámites para conseguir ese encuentro. Los enfermos reclaman poder cobrar una pensión vitalicia (independientemente de que hayan cotizado o no a la Seguridad Social) que sea compatible con las indemnizaciones que, de acuerdo a la sentencia de la Audiencia Nacional, han recibido más de mil leoneses. El pasado mes de noviembre, el Gobierno aprobó una orden que reconoce la situación de los enfermos como asimilados al alta en la Seguridad Social para asegurarles el cobro de esa prestación pero, siempre según los afectados, esta medida «no es suficiente». «Es necesario haber cotizado un mínimo de quince años para poder cobrar la pensión y eso es el mínimo que se requiere para cualquier trabajador», explicó Fernández que alega que estos enfermos, precisamente por su dolencia, no han podido trabajar. Los enfermos exigen el mismo tratamiento que las víctimas del terrorismo porque, puntualizan, «nosotros también somos víctimas, víctimas de la mayor catástrofe humana que ha habido en este país desde la Guerra Civil», agregó el portavoz de los encerrados. «Tenemos más de dos mil muertos y miles de incapacitados de todo tipo», apunta a modo de explicación. Indemnizaciones Apenas cinco o seis leoneses, según la asociación de afectados, no han cobrado todavía la indemnización fijada por sentencia en reconocimiento de su dolencia. Estas pensiones oscilan tienen cuantías que oscilan entre los 900 y los 540.000 euros, correspondientes a los enfermos con discapacidad total. Las indemnizaciones comenzaron a librarse en el año 2000 y aún restan varios enfermos de otras provincias por cobrarlas. Ayer, a última hora de la mañana, eran treinta y siete los enfermos encerrados en el Consistorio reeditando la protesta que protagonizaron hace más de cinco años, en aquella ocasión en la oficina del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Los afectados eligieron el consistorio del alfoz porque el alcalde es secretario general de los socialistas, pero ayer Miguel Martínez se encontraba en el Senado y no pudo recibir a los encerrados. Treinta y siete encerrados Los enfermos se muestran dispuestos a permanecer semanas acampados en el salón de plenos «aun a riesgo de agravar nuestra enfermedad», explicó Abel Fernández. Entre los encerrados hay varios enfermos que superan los 65 años de edad.