«Lo triste es que el acoso laboral sale muy barato»

El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, aconseja en el último informe hecho público ayer «la elaboración de algún protocolo de carácter preventivo» del mobbing o acoso laboral tras destacar junto a las habituales peticiones de los funcionarios públicos sobre retribuciones y carrera administrativa, méritos o clases pasivas, el incremento de quejas en materia de acoso psicológico en el puesto de trabajo. El abogado leonés Luis Freire, que participa hoy en el curso sobre los nuevos riesgos laborales y las últimas medidas de protección de víctimas de violencia de género en el ámbito laboral, subraya precisamente la ausencia de este fenómeno en la prevención de riesgos laborales. En este sentido, un informe realizado por la Inspección Provincial de Trabajo de Madrid indica que el mobbing es una infracción de carácter muy grave por atentar contra la dignidad del trabajador, pero falta tipificación para considerar el mobbing como infracción de seguridad y salud. Como consecuencia se excluye de las actas de infracción a las administraciones públicas. «Se llega a una situación esquizofrénica», alega el informe pues a pesar de ser considerada enfermedad o accidente profesional, la Inspección no podría solicitar un recargo de prestaciones para víctimas de acoso laboral. Asimismo, expertos como el catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Jaén subrayan que esta situación «quiebra el sistema jurídico preventivo español». Según la tercera encuesta realizada sobre condiciones de trabajo en la Unión Europea en España en torno al 5% de los trabajadores se declaran afectados por el mobbing . La Dirección General de la Inspección de Trabajo subraya que el acoso psicológico persigue en última instancia «la autoexclusión o el abandono del puesto de trabajo por parte de quien lo padece, tras haber sido arrinconado e inutilizado a través de métodos más o menos sutiles y mediante un proceso lento de desgaste psicológico». Luis Freire, responsable del departamento laboral de Garrigues en León, apostilla en este sentido que «lo triste es que el acoso laboral sale muy barato, a pesar de que realmente el problema lo tiene el acosador porque normalmente ataca a personas más brillantes, mejores profesionalmente y con mejor corazón». En su opinión, más que tipificar o regular el mobbing «lo que hay que cambiar es el enfoque de reparador y sancionador a preventivo», pues actualmente se actúa «cuando ya está hecho el daño» y sería deseable «incorporarlo a la prevención de riesgos laborales», precisa. En definitiva, se trataría de que las empresas sean responsables de crear «un ambiente laboral saludable». El letrado lamenta que la Inspección haya descartado esta vía y subraya que el enfoque educativo y preventivo debe extenderse al ámbito escolar. «Los casos de acoso escolar no están poniendo en alerta de que es necesario fomentar la tolerancia desde la escuela», pues en la actualidad «cuando te encuentras con un caso así el acosado suele estar destruido y carece de pruebas». Además, propicia la proliferación de denuncias falsas.