Los afectados por la colza podrían abandonar sus tratamientos como medida de presión al Gobierno

El encierro que los afectados por el síndrome tóxico de León mantiene en el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo para presionar a la administración central a que les conceda pensiones vitalicias se vio modificado ayer por dos circunstancias encadenadas: el anuncio del subdelegado de Gobierno de que no existe ninguna modificación con respecto a la postura oficial mantenida por el Ejecutivo y el traslado al complejo hospitalario de la capital leonesa de cuatro de los integrantes de la concentración. Los enfermos reclaman poder cobrar una pensión vitalicia -independientemente de que hayan cotizado o no a la Seguridad Social- que sea compatible con las indemnizaciones que, de acuerdo a la sentencia de la Audiencia Nacional, han recibido más de mil leoneses. Para llevar esta máxima al más alto nivel, los afectados ya mantienen más de 15 días de encierro, pero, según sus testimonios, el subdelegado de Gobierno, Francisco Álvarez, les comunicó ayer que «no habría ninguna reunión con cargos de la administración central para poder tratar el tema, lo que desencadenó crisis de ansiedad y el traslñado al hospital de cuatro personas». El estancamiento que los afectados por el síndrome tóxico denuncian que ha sufrido su reivindicación ha llevado a que mediten dar un giro radical a sus medidas de presión, que hoy mismo podrían concretarse en un consenso para dejar de tomar los medicamentos que necesitan para tratar su enfermedad. «Si finalmente se adopta la decisión de abandonar los tratamientos habrá que ver quién echa para atrás a esta gente y quién es el responsable de lo que pase. Muchos de ellos no tienen nada que perder», afirmó Miguel Ángel Robla, portavoz en el encierro. «Habrá que ver quién echa para atrás a esta gente; muchos no tienen nada que perder» MIGUEL ÁNGEL ROBLA Portavoz de los encerrados