El Gobierno rechaza la OCM que amenaza el cultivo de la remolacha

El Gobierno de España se apresuró a mostrar el más «absoluto» rechazo a la reforma de la Organización Común del Mercado (OCM) del azúcar, instantes después de que la comisaria europea de agricultura, Marianne Fischer, hiciera público el documento para la reordenación del sector remolachero. La propuesta confirma todas las previsiones que apuntaba el borrador de la nueva normativa que, tal y como adelantó Diario de León en su edición del 9 de junio, fija rebajas en dos años de hasta un 42% en el precio de la remolacha y de un 39% para el azúcar. El ajuste, que la comisión de Agricultura defiende como herramienta ideal para reconvertir el mercado, se interpreta en los colectivos agrarios como el fin del cultivo de la remolacha, que en León ocupa 1.400 hectáreas y en la última campaña registró una producción de más de 850.000 toneladas. La primera objeción que el Gobierno de España presenta ante la OCM recuerda que la reforma «debe permitir a los agricultores una renta suficiente para mantener el tejido social y económico asociado a la remolacha». El tijeretazo de la comisión europea a los precios establece descensos de los 43 euros actuales por tonelada hasta los 25 de la campaña 2007/2008. En las dos campañas de transición, se acuerda un precio de 32,8 euros. En contraprestación al cese de actividad industrial, el informe que ayer se oficializó en Bruselas, propone incentivos de 730 euros a la industria por cada tonelada de cupo oficial que abandone. La primera versión oficial del Ministerio de Agricultura sobre la reforma azucarera subraya que «los nuevos precios del azúcar deben permitir la viabilidad del cultivo en todas las zonas de producción, de acuerdo al modelo de agricultura que se basa en la multifuncionalidad». Obviar esta condición supondría la pérdida de 12.000 empleos, con pérdidas económicas de cien millones anuales. Negociar hasta diciembre Frente a los malos augurios para el cultivo el Gobierno lanza una llamada de confianza del sector: «No es la primera vez que nos enfrentamos a un proceso negociador, en el que se pueden conseguir modificaciones sustanciales». El ejecutivo propone decidir la negociación tras la reunión de la Organización Mundial de Comercio, en diciembre. Un estudio de la UE confirma que la reforma de la OCM limitará la producción a ocho países; y en esa relación no está España.