Dos médicos piden ayuda legal al Colegio para denunciar agresiones

Dos médicos han solicitado ayuda letrada al Colegio Oficial para presentar denuncias por sendas agresiones que sufrieron por parte de sus pacientes. Según el presidente del Colegio, José Luis Díaz-Villarig, el número de acciones legales contra quienes agredan a los facultativos se incrementarán en las próximas semanas gracias a la medida puesta en marcha por el ente colegial que garantiza asesoramiento legal a los profesionales y que viene a paliar una «situación de desamparo en que se sentían los médicos». «Es nuestra obligación como Colegio defender a los médicos en todos los aspectos, pero fundamentalmente cuando está en juego su integridad y dignidad», explicó el representante colegial. El organismo ha presentado ya una denuncia contra un paciente que, presuntamente, agredió a un médico del servicio de Urgencias de Astorga. El Colegio ha diseñado una serie de medidas para defender a los profesionales ante, los cada vez más numerosos, insultos, amenazas y agresiones que sufren por parte de pacientes o familiares y que hacen que hasta un tercio de los médicos se reconozcan como víctimas de agresiones. De momento, se ha repartido un modelo de denuncia para que los profesionales sepan los pasos a dar ante una agresión, además se está preparando un manual de actuación para la prevención y la gestión de la violencia en los centros de trabajo. El ente iniciará también una investigación y encuesta para conocer la situación real en la provincia de León. Díaz-Villarig subraya que el incremento del número de agresiones obliga a tomar medidas ya que la impunidad que creen tener los agresores actúa como elemento multiplicador de los incidentes. De hecho, la mayoría de los colegios de médicos están actuando y llevando a cabo medidas preventivas. En Andalucía, por ejemplo, se ha exigido que la violencia en los centros de trabajo sea considerada un riesgo laboral más. Esta comunidad ha establecido un protocolo de actuación para el profesional agredido. Barcelona, que tiene un observatorio sobre violencia, ha establecido una hoja de comunicación de incidentes y presta ayuda jurídica y apoyo psicólogo a los facultativos afectados. Sanciones Cantabria establece en su Ley de Ordenación Sanitaria sanciones económicas de hasta 15.000 euros para los actos violentos contra el personal. Madrid, por su parte, ha puesto en marcha un teléfono especial para ayudar y asesorar a las víctimas de agresiones mientras que en Valencia, pionera, los colegios han suscrito un convenio con la administración para garantizar la integridad del profesional; medidas de seguridad, manual de actuación, defensa gratuita y un registro de incidentes son los pasos dados ya. «Todas las comunidades se han dado cuenta del problema creciente de violencia que se sufre en los centros de trabajo y está trabajando para ello. Es cierto que, afortunadamente, son casos aisladísimos pero han de acabar cuanto antes», agrega el presidente de la Junta de Personal del Hospital de León.