El juez suspende el pago de 1.222 millones a Domingo López

El titular del Juzgado de Primera Instancia número cuatro de Madrid, Joaquín Ebile Nsefum, ha suspendido la indemnización de 1.122 millones de euros al empresario leonés Domingo López Alonso por la intervención del Banco de Valladolid en 1978, cantidad que él mismo exigió al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) a mediados de enero y que, de haber sido ejecutada, hubiera dejado sus arcas en una situación crítica de «descapitalización». El principal motivo esgrimido por el controvertido Ebile para esta marcha atrás es el hecho de que el sujeto a indemnizar -el empresario leonés Domingo López Alonso, quien estudia ahora recurrir en apelación- no ha presentado una «liquidación judicial», que es precisamente la que fijaría «el importe exacto» reclamado, tal y como exige la jurisprudencia. Relación de intereses El documento que aporta el antiguo dueño de la entidad financiera, dice el juez en un auto hecho público el martes, es una mera «relación de intereses» devengados desde la época de la intervención. Se olvida el magistrado encargado del caso, sin embargo, de que en la resolución que dio origen a toda esta polémica hace medio año, él mismo fijaba como cuantía los conocidos 1.122 millones, que incluso tuvo que corregir poco después, ya que una «errata» hizo que aparecieran como billones. In cluso llegó más lejos en su quehacer, pues de forma sorprendente calculó el lucro cesante que habría tenido Alonso tras perder el banco y fijó en concepto de costas y gastos la cantidad de 100 millones. Esta llamativa actuación de Ebile motivó que el Consejo General del Poder Judicial abriera una investigación disciplinaria sobre su actuación, que fue archivada un mes después al no apreciar responsabilidades de este tipo, y entender que su forma de obrar se limitó al ámbito «estrictamente jurisdiccional», donde los jueces gozan de independencia. En esas mismas fechas, el magistrado que llevaba el caso suspendía la ejecución de tan llamativa indemnización, aunque a cambio requirió al Fondo una fianza cautelar de un millón de euros, para cubrir posibles perjuicios, una prenda que finalmente no habrá que ejecutar después de tomar esta nueva decisión.