Diario de León

Argumenta que «el incremento ha sido una medida voluntaria del Ayuntamiento de León»

La Junta niega que esté obligada a pagar la subida de salario de la Policía Local

Defiende que «la reclasificación no implica necesariamente el incremento salarial»

Luis Aznar, en foto de archivo, es director general de Protección Civil

Luis Aznar, en foto de archivo, es director general de Protección Civil

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A. Caballero - león
León

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El Gobierno autonómico se desmarcó ayer del emplazamiento del grupo municipal socialista -que solicita que abone la deuda de 300.000 euros contraída por el aumento de los sueldos a la Policía Local- amparado en que el texto legal establece que «la reclasificación de grupos de titulación no implicará necesariamente el incremento de las retribuciones totales de los funcionarios», al tiempo que apuntó que «estos aumentos pueden compensarse con las retribuciones complementarias, sin perjuicio de los acuerdos adoptados en Pleno de los diferentes ayuntamientos». Esta voluntariedad supone el segundo argumento con el que la Junta niega responsabilidad dado que «esta disposición se incluyó precisamente como salvaguarda de la autonomía municipal y para evitar los costes de la reclasificación, salvando la voluntad de aquellos ayuntamientos, como el caso de León, que quisieran efectivamente subir el sueldo a sus policías locales». Tras negar la mayor y afirmar que «la subida de sueldos de la Policía Local ha sido una medida voluntaria del Ayuntamiento y no derivada de la aplicación de la ley», los representantes autonómicos afirman tajantemente que «en ningún apartado se recoge la delirante afirmación de un compromiso de financiación del 50% de la subida de sueldos». Más allá, desde el órgano con sede en Fuensaldaña se basan en que «se creó un Observatorio para la implantación de la Ley de Coordinación de policías locales cuya finalidad es la de estudiar la implantación del texto legal y sus repercusiones económicas, a fin de establecer un procedimiento de cofinanciación», aunque mantienen que «en ningún apartado se habla de cofinanciar subidas de sueldo ni costes de reclasificación, sino las repercusiones económicas que se deriven de la puesta en marcha de la ley en todos sus aspectos». El enunciado lo resuelven con la máxima de que «para llegar a cualquier conclusión es preciso conocer si la aplicación de la ley implica costes económicos, y su naturaleza» y derivan la responsabilidad de enviar la información sobre las variaciones monetarias al ayuntamiento. La Junta, que defiende que «el observatorio se ha reunido el 13 de septiembre del 2004» y que «la comisión de coordinación se reunirá cuando haga falta», anunció que «el Ayuntamiento ha recibido un borrador que incluye compromisos de financiación de 100.000 euros en 2006 y 400.000 más para 2007», que serán destinados «a las necesidades de modernización y equipamiento de la Policía Local».

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