Empresarios y sindicatos dudan que el arraigo regularice nuevos inmigrantes

El Gobierno empieza a cumplir su amenaza de perseguir a aquellos empresarios que tengan trabajando inmigrantes en situación irregular. Lo contempla un apartado del reglamento de extranjería que está en vigor desde el pasado lunes: aquellos extranjeros que no lograron regularizar su situación laboral en el proceso de normalización que concluyó en mayo pueden acogerse ahora a la vía del arraigo laboral para obtener los papeles. Pero para utilizar esta vía es necesario que el trabajador o el sindicato denuncien ante la inspección de Trabajo al empresario que lo contrató de forma fraudulenta, una circunstancia que, según ha podido saber este periódico, no se ha producido en la provincia. Ni la Fele ni el centro guía de UGT tienen constancia alguna de que se hayan tramitado denuncias a este respecto. Es más, Miguel Ángel Cueto, responsable del citado sindicato, se aventura a vaticinar que la nueva medida contemplada por el Gobierno no aflorará «ni siquiera una docena de casos» en León. El jefe del área de extranjería de la Fele, Javier Sanz, realiza la misma lectura y argumenta que los controles sobre el mercado laboral de la provincia no hacen posible que queden muchas empresas que se decanten por la contratación fraudulenta de extranjeros, más aún después de los reiterados procesos de normalización. Más presión a las empresas Las actuales denuncias tramitadas contra empresarios de la provincia parten de vulneraciones de la ley de extranjería, casi siempre centradas en los salarios o en las condiciones de trabajo de los extranjeros. Durante los últimos años, la Inspección Provincial de Trabajo ha intensificado la presión sobre los empresarios leoneses en relación a la contratación de inmigrantes. El año pasado fueron sancionadas 80 empresas de las 165 que fueron inspeccionadas, lo que supuso que uno de cada dos controles acabó en multa. En el mismo periodo se destaparon 80 empleos irregulares, que supusieron sanciones por casi medio millón de euros. El año anterior habían sido denunciadas la mitad de empresas (42) a pesar de que las inspecciones que se realizaron (173) fueron prácticamente las mismas que en el 2004. De acuerdo con el nuevo reglamento de la Ley de Extranjería, el proceso se iniciará cuando se levante acta de la infracción del empresario denunciado. Posteriormente el escrito será enviado a la autoridad gubernativa, que, en caso de conceder la autorización, procederá de oficio a dar de alta en la Seguridad Social al trabajador y forzará al patrón a reconocer la relación laboral. El Ejecutivo avisa de que la presentación de una denuncia contra el empresario no supone la obtención inmediata de los papeles si no se puede acreditar el cumplimiento de lo requisitos mencionados. La aplicación del arraigo laboral completa otros instrumentos que, como el arraigo social, pueden dar lugar a regularización de inmigrantes que se encuentran en situaciones excepcionales. No sólo vale el arraigo UGT recuerda que aquellos inmigrantes que deseen obtener una autorización de residencia y trabajo por arraigo laboral deben acreditar, junto a la denuncia contra el empresario que les emplea de forma irregular otra serie de requsitos. Es preciso que los inmigrantes acrediten dos años de estancia en España y un año de relación laboral, este último requisito mediante sentencia o resolución confirmatoria de Acta de la Inspección de Trabajo. Este último papel es el mayor obstáculo con el que se encuentran los extranjeros por la dificultad que entraña acudir motu propio a denunciar ante la administración.