La defensa de los imputados por el caso Molina alega legítima defensa

La defensa del imputado como supuesto autor material del homicidio de Jesús Molina entiende que su patrocinado actuaba en legítima defensa en el momento en el que se produjeron los hechos y solicita la libre absolución para el entonces portero de uno de los clubes de alterne que frecuentaba el fallecido de forma relativamente habitual, a tenor de las manifestación escuchadas ayer tarde. Su testimonio y el de uno de los camareros del establecimiento, que también estaba presente cuando se produjeron los disparos, compusieron el grueso de la jornada de tarde en la primera sesión correspondiente a la vista oral, que se celebró en la mañana de ayer en la Audiencia Provincial y cuyo desarrollo se prolongará, como mínimo, hasta el próximo jueves. Los hechos que se juzgan datan de hace cuatro años. La noche del 13 de septiembre de 2001, la víctima llegó al club en compañía de un amigo, y a la hora de abandonarlo, coincidió con los dos empleados del establecimiento, el portero y un camarero, que, según su versión de los hechos, se dirigían a otro club nocturno de Villadangos del Páramo para celebrar el cumpleaños de uno de ellos. A la salida del recinto, se produjo una discusión. La fiscal sostiene que el supuesto autor de los hechos, disparó contra la víctima -que había provocado algunos altercados en la barra americana en cuestión- y acabó con su vida, mientras que la defensa considera que lo que en realidad ocurrió es que Molina sacó una pistola y cuando se disponía a disparar contra uno de los acusados, se produjo un forcejeo, en el transcurso del cual, la pistola se disparó por accidente, produciendo la muerte de Molina. Cuatro meses después A posteriori, el cadáver fue trasladado a un vertedero cercano al club nocturno en el que tuvieron lugar los hechos, y donde la Policía Nacional encontró los restos que quedaban, cuatro meses después. La acusación particular calificó de «práctica habitual en otros países» -los acusados son naturales de Uruguay- lo que entiende como «una trama urdida con alevosía» mientras las defensas lamentaron el error de que sus patrocinados no pusieran en conocimiento de la policía los hechos ocurridos. Por todos estos hechos, la fiscal solicita una pena de diez años de prisión para cada uno de los supuestos autores de los hechos, dos años más de cárcel por tenencia ilícita de armas y una indemnnización de 100.000 euros para la madre del fallecido, a los que se unen otros 25.000 más para cada uno de sus tres hermanos. La acusación particular eleva la pena a 20 años y las defensas entienden que se debe decretar la libre absolución de sus respectivos patrocinados.