Los alcaldes mineros temen que la reactivación se negocie sin debate
La ejecutiva de la Asociación Regional de Ayuntamientos Mineros (Armi) se reunió ayer para analizar el cumplimiento del actual plan del carbón y la negociación del nuevo, donde mostraron sus críticas hacia la tardanza del Ministerio de Industria en ceder respecto a su postura inicial, pese a que apenas restan un par de meses para el vencimiento el actual marco regulador del sector. El portavoz de Armi, Laudino García, reconoció como lógico que los sindicatos mineros den prioridad a la negociación de los aspectos de regulación del sector minero, como producciones, prejubilaciones o ayudas, pero temen que la demora deje finalmente poco tiempo para hablar sobre la reactivación de las cuencas mineras, aspecto que resulta básica para los alcaldes. Para facilitar el debate de este capítulo del plan, Armi recopilará los planteamientos de los municipios para facilitar esta información a los sindicatos con el fin de que les resulte útil a la hora de la negociación. Respecto al plan actual, los alcaldes cifran en 709 millones de euros el dinero invertido en los municipios de León y Palencia, un 29% de los 2.400 millones totales. Los alcaldes confían en que cuando se inviertan los remanentes pendientes del 2005, el porcentaje de inversión en Castilla y León se situará muy cerca del tercio del total que reclamaban inicialmente. La ejecutiva de los municipios mineros también criticó que la Junta de Castilla y León haya publicado su Ley de Actuación Minera 2004-2007 en junio de este año, prácticamente a la mitad de su plazo de vigencia, y reclamó medidas de control sobre las inversiones del Gobierno autonómico en las cuencas con el objetivo de evitar que se limite a contemplar como propias las inversiones que se llevan a cabo con el dinero del plan del carbón estatal, en lugar de dotar a las cuencas mineras de fondos adicionales. Laudino García destacó que el solapamiento de las actuaciones de la Junta con el plan del carbón ha sido una constante en la política del Gobierno autonómico.