Un tercio de los más de seis mil empadronados lo ha hecho en este año
El 30% de los inmigrantes de León no tiene todos los papeles en regla
El 15% de los niños matriculados en los colegios públicos ya son hijos de padres extranjeros
La concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de León, Ana Guada, presentó ayer los resultados del análisis sociológico llevado a cabo por la Fundación General Universidad Empresa (Fgulem), por encargo de la institución local, sobre el fenómeno de la inmigración en el municipio. El estudio revela que el 30% de los 6.087 inmigrantes censados no tienen los papeles en regla y determina, además, que un tercio del total se ha dado de alta en el padrón durante los últimos 15 meses. La edil señaló que el proceso de regularización promovido por el Gobierno central ha tenido, además de las consecuencias que se pretendía, un efecto llamada que, dijo, «ha disparado la afluencia de ilegales en los últimos meses». Los datos conseguidos por la Fgulem, y que el Ayuntamiento utilizará como orientación para sus políticas sociales y aportación al Plan de Inmigración que piensa poner en marcha en los próximos meses, reflejan que el 82% de los extranjeros no tiene intención de regresar a su país ni de abandonar León. Lo que más les atrae de la ciudad es el menor coste de vida que en otras localidades, la seguridad ciudadana y la calidad de servicios como la sanidad o la educación. Dos de cada diez llegan a la capital leonesa después de haber residido en Madrid, Barcelona o grandes localidades del Levante español. El estudio llevado a cabo con la colaboración de las organizaciones sociales que atienden al colectivo inmigrante y a través de cuestionarios, entrevistas y grupos de discusión, según explicó el jefe de estudios de Fgulem, Francisco Javier Rey, pone de manifiesto que en los colegios públicos de León el número de inmigrantes ya alcanza el 15% del alumnado en edades tempranas. Del total, un 60% son mujeres que presentan un índice de desempleo más elevado que el de la media, que supera un 25%. Cerca del 40% del censo de inmigrantes está afiliado a la Seguridad Social. Las conclusiones del informe definen un nivel sociocultural y profesional «bastante bajo» que puede suponer «un deterioro social y cultural de los barrios y un acelerado crecimiento de los costes para el Ayuntamiento y los servicios sociales». Además, se explica que en un periodo de cinco años la mitad de los beneficiarios de la asistencia social municipal serán inmigrantes. Entre las recomendaciones que se hacen se encuentra la reorientación de las ayudas a la vivienda, y más programas de prevención y formación para el empleo.