El plan para el despegue de la Montaña Oriental deberá estar terminado en abril

Algo más de cinco meses tendrán los responsables de diseñar el denominado plan regional de ámbito territorial, en la vertiente leonesa de la futura estación de esquí de San Glorio, para presentarlo en la Diputación. Se trata de un documento que fijará las bases para las actuaciones de las administraciones públicas y la iniciativa privada en el entorno de este enclave, sobre todo, en los municipios de Boca de Huérgano y Riaño, aunque su área de influencia se extenderá también a los otros 14 municipios de la Mancomunidad Montaña de Riaño. La institución provincial ha adjudicado este trabajo a la ute Estudio de Ingeniería Civil-Bernardo y Arias Abogados -una sociedad integrada por profesionales de León y Asturias- por un importe de 160.000 euros, 40.000 menos que el precio inicial de la licitación. El diputado de Turismo, Pedro V. Sánchez, comentó ayer que el núcleo central de la futura estación de esquí se asentará sobre las 1.200 hectáreas de terreno que en su día cedieron a la Diputación las juntas vecinales de Portilla y Llánaves de la Reina. La vertiente leonesa de San Glorio tendrá entre el 70 y el 80% del área esquiable, cuyo desarrollo también se extenderá por Cantabria y Palencia. Este plan encargado por el Palacio de los Guzmanes, totalmente independiente del proyecto para desarrollar la estación de la sociedad privada Pico Tres Provincias, deberá fijar los terrenos disponibles en los distintos municipios para este proyecto de ámbito territorial, de tal modo que pueda diseñarse una programación de complejos de ocio -campo de golf, canchas, puerto deportivo en el embalse de Riaño-, las distintas infraestructuras de comunicaciones que serán necesarias para acceder a la estación y para mejorar las comunicaciones en la Montaña Oriental, así como los desarrollos residenciales que podrán abordarse y dónde: apartamentos, hoteles, chalés... Una vez que la Diputación disponda de este plan, tendrá que someterlo a información pública y remitirlo a la Junta para su análisis. Precisará informe del Consejo de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León, de los municipios afectados y trámite ambiental. Deberá ser también publicado en el Bocyl.