UPL insta a los municipios de menos de mil habitantes a recurrir el Pacto Local

Los leonesistas pretenden que el Pacto Local acabe en los tribunales. «Es ilegal e inconstitucional», apuntó ayer el portavoz de la UPL en la Diputación, quien «invitó» a los ayuntamientos con menos de 1.000 habitantes (132 en la provincia) a que lleven el documento ante el juez a través de la vía contenciosa-administrativa. De todas formas, Herrero Rubinat reconoció que recurrir a los juzgados es «caro» y que muchos de estos pequeños municipios no podrán permitírselo. La UPL cree que el Pacto Local es «en realidad una operación de maquillaje de los propagandistas de la Junta y el PP». En este sentido, el portavoz en la institución provincial aseguró que «se trata de un contrato de adhesión» que no ha contado con los grupos de las Cortes, ni los partidos. «Sólo con la adhesión de la FRMP en una reunión de prisa y corriendo». Rubinat afirmó también que la institución autónoma está «equivocada» si piensa que con este documento «colma las aspiraciones de ayuntamientos y diputaciones y que satisface la segunda descentralización». Insistió, además, en que este acuerdo deja fuera a dos tercios de los municipios de León y que jurídicamente es «ilegal y atenta contra la autonomía de las corporaciones locales». Advierte, asimismo, que ninguna Diputación podrá adoptar una decisión en nombre de estos municipios pequeños si antes «éstos no la han apoderado para esta misión». Respecto al dinero que llegará a través del Pacto Local, la UPL explicó que el 30% de los gastos de los ayuntamientos corresponde a competencias que pertenecen a la Junta, «así que lo que les va a ofrecer esta institución son limosnas, calderilla». Aludió, asimismo, a los 19 millones que la Junta empleará en este asunto en el 2006 para los 2.400 municipios de la comunidad y las nueve diputaciones, «cuando ni llega para financiar las áreas ajenas de la Diputación de León». En cuanto a la transferencia de competencias, dijo estar «desencantado», ya que el documento sólo refleja la asunción del 20% de los 18 millones que el Palacio de los Guzmanes gasta al año en áreas impropias. Tampoco cree que el documento cumpla «el reequilibrio competencial anunciado como otro objetivo».