Dos más dos no son dos

Las inversiones realizadas con los fondos del Plan del Carbón tienen un principio que pretende garantizar la «honradez» de las administraciones central y autonómicas a la hora de diseñar sus presupuestos: se trata de que las ayudas a la reactivación se sumen a las políticas inversoras de estas administraciones, no de que Gobierno y Junta se ahorren los dineros propios a destinar a las comarcas mineras y sustituyan sus gastos con los fondos mineros. Un principio que sindicatos y ayuntamientos mineros han denunciado reiteradamente que no se cumple. Para evitar que en el futuro Plan del Carbón 200-2012, que ahora se negocia, siga la misma tónica, tanto los sindicatos como las asociaciones de municipios mineros han reclamado una participación directa en la elección de los proyectos a subvencionar, así como la creación de organismos de «vigilancia» a las administraciones para controlar que cumplen sus compromisos. En el caso de los sindicatos el Gobierno les reconoce como interlocutores, incluso como observadores, aunque no les otorga potestad alguna sobre los proyectos que se aprueben. En el caso de las comarcas mineras, Industria recuerda que deben colaborar con los organismos de promoción económica de las autonomías, pero que no negociará con ellas los programas de reactivación.