Al Tribunal de Cuentas le faltan datos de contratos de la Diputación

La posición de guardia y vela del PSOE durante las negociaciones del Plan del Carbón se ha tornado, una vez escrito el boceto entre sindicatos y Gobierno central, en reivindicación con la diana situada en la Junta. Los socialistas exigen a la administración autonómica que complete con un 20% lo invertido en infraestructuras por el Estado, la adicionalidad de las inversiones y la garantía de la máxima ayuda de las empresas que se instalen en las comarcas, durante el nuevo programa que abarcará el periodo 2006-2012. Las reclamaciones del PSOE se articularán en una Proposición No de Ley en las Cortes autonómicas «para que no se repita lo sucedido con el fracasado Plan del Carbón 1998-2005», según argumenta el encargado de la defensa del texto, el procurador Antonio Losa, quien explica que se trata de «una serie de actuaciones encaminadas a la mejora de la aplicación y efectividad del documento rector para la minería». «Para nuestra comunidad tiene gran trascendencia porque es la mayor productora de carbón de España y, este sector, es una base firme e imprescindible de la industrialización y el progreso económico de los castellanos y los leoneses». El Tribunal de Cuentas ha denunciado que, en el capítulo de la contratación administrativa, la Diputación Provicial de León no cumplió sus obligaciones de remisión de información, una falta que también aqueja a Albacete, Burgos, Ciudad Real, Cuenca, Salamanca, Soria, Toledo y Zamora, junto a los ayuntamientos -con población superior a 50.000 habitantes- de Burgos, Logroño, Soria, Torrelavega, Cartagena y Palma de Mallorca. Entre las entidades locales que sí lo hicieron observa diversas «deficiencias» e «irregularidades», como la ausencia de justificación de la necesidad del contrato, y la tramitación del expediente correspondiente por el método de urgencia sin que ello correspondiera. En realidad, el problema de la no presentación de documentos tiene un alcance mayor, pues -según el informe- «un gran número de ayuntamientos incumplen reiteradamente la obligación de rendición de cuentas», y en un 10% de los casos no las han presentado en ninguno de los cinco últimos ejercicios analizados (1997-2001). Los técnicos del órgano fiscalizador observan, además, que los criterios para proceder a la selección del contratista fueron «vagos, genéricos e imprecisos, y careciendo en numerosas ocasiones de la objetividad que exige la normativa en esta materia». En cuanto a la ejecución de los contratos, se observan «numerosos retrasos e incumplimientos» en sus plazos, así como «deficiencias» en el control de los mismos. 51.749 millones en créditos En su último informe de fiscalización, el órgano que preside Ubaldo Nieto disecciona las cuentas municipales de 2001, último año que ha podido supervisar, y en el que existían 12.910 entidades locales, de las que a su vez dependían 2.838 entes (organismos autónomos y sociedades mercantiles). En ese ejercicio pidieron créditos por valor de 41.456 millones de euros, una cuarta parte de los cuales fueron modificados después al alza, hasta alcanzar un total de 51.749 millones. Los municipios que en más casos ampliaron sus préstamos fueron los de Canarias (45% del total), Galicia (40%) y Comunidad Valenciana (37%); los que menos, País Vasco (13%) y Madrid (16%). En cualquier caso, más o menos cumplidoras, la mayoría de ellas precisan de las subvenciones públicas para subsistir (de lo contrario, tendrían déficit multimillonarios), y sólo las que gestionan los mercados centrales y la actividad inmobiliaria local son capaces de autofinanciarse.