«Podemos decir que fue una negociación a cara de perro», ilustró la ministra española Elena Espinosa, quien calificó a la reforma alcanzada de «solución perfecta» tanto para aquellos agricultores que quieran continuar con la actividad como para quienes quieran abandonarla. La ministra, que se declaró
con el acuerdo, precisó que el primer año de vigencia del nuevo régimen la tonelada de remolacha recibirá unas ayudas totales de 42,65 euros por tonelada (entre subvención y precio garantizado, frente a los 45,96 actuales), que será de 41,55 euros el segundo año y de 40,44 el tercero. Según la ministra «con el régimen aprobado, ningún productor de azúcar en España tendrá que abandonar su actividad, porque esta seguirá obteniendo una remuneración justa. Pero aún así, y en el caso de que decida dejarlo, contará asimismo con un mecanismo de ayudas muy bien dotado económicamente». Desde el Partido Popular en la Eurocámara, en cambio, los eurodiputados Díaz de Mera, Herranz y Ayuso consideraron que el acuerdo, que sólo fue rechazado por Grecia y Polonia, constituye «un rotundo fracaso para España», pues la propuesta de la Comisión, que se juzga «devastadora», apenas se ha visto modificada en el Consejo celebrado estos tres días.
El PP augura desastre Miguel Arias Cañete, y el portavoz de Agricultura del PP en el Congreso, José Madero, criticaron el «nuevo fracaso cosechado por el Gobierno de Zapatero en las negociaciones del azúcar, que suponen la práctica desaparición del sector productivo en España». Los eurodiputados del PP vaticinan un abandono masivo de explotaciones azucareras en España, así como el cierre de azucareras.