Europa cierra la OCM del azúcar al moderar una rebaja de los precios

Los ministros de Agricultura de la Unión europea llegaron en la tarde de ayer a un acuerdo para reformar el sector del azúcar, que permitirá a la Europa comunitaria comparecer en la Ronda Doha habiendo satisfecho las exigencias de una comisión de arbitraje de la OMC, que estableció la fecha de mayo del 2006 como límite para una reforma de la organización común de mercado del azúcar europeo. El acuerdo se logró después de tres días y otras tantas noches de intensas negociaciones, y tras año y medio de protestas en la calle contra la propuesta comunitaria, que fue muy mal recibida por el sector, en España particularmente. La producción de azúcar en la Europa comunitaria está primada, desde hace ya 40 años, con ayudas a la producción y subvenciones a la exportación. Las dos van a desaparecer a lo largo de un periodo de cuatro años, que comenzará a correr en 2006. Se pretende con ello reducir la producción azucarera de la UE y abaratar su precio, desde los 631,9 euros actuales por tonelada (tres veces el precio en los mercados mundiales), a 400 euros en la campaña 2009/2010. El precio de la tonelada de remolacha azucarera se reducirá de 43,63 euros por tonelada a 26 euros en el mismo periodo de tiempo. El elemento central de la reforma es la reducción del precio garantizado del azúcar en un 36% (la Comisión proponía un 39%), durante el periodo de 4 años (inicialmente se contemplaban sólo 2). Ayuda compensatoria Las pérdidas derivadas de ese recorte se verán parcialmente sustituidas por una ayuda compensatoria que cubrirá, en media, el 64,2 por ciento de la disminución del precio garantizado, y que se hará efectiva a través de un pago desagregado de la producción, cualquiera que fuere. La nueva ayuda se destinará a políticas de protección del medio rural, y se sumará al Pago Único por Explotación, a través del que se canalizan las ayudas directas de la PAC. Aquellos países que reduzcan más del 50 por ciento de su cuota de producción de azúcar podrán otorgar ayudas adicionales de hasta un 30 por ciento de los ingresos perdidos, ligadosa la producción, y durante cinco años. Varios sindicatos y el PP se han opuesto al acuerdo.