Los sindicatos proponen en el Plan del Carbón un sistema de penalizaciones La revisión del IPC real, incluida en el plan

El documento que los sindicatos presentarán el lunes al Ministerio de Industria, y sobre el que volverá a negociar la Mesa del Carbón el próximo miércoles, contempla el establecimiento de un sistema de penalizaciones a aplicar a las empresas del sector en el caso de que incumplan los compromisos firmados en materia de producción (así como en el porcentaje de extracciones subterráneas y a cielo abierto fijadas) y de empleo, especialmente en cuestión de recolocaciones. El documento había sido solicitado por el secretario general de la Energía, Antonio Fernández Segura, y debía haberse debatido el pasado miércoles, pero UGT y CC.OO. retrasaron su presentación unos días. Ahora entregan su propuesta bajo el título Plan Nacional de Reserva Estratégica de Carbón 2006-2012 y Nuevo Modelo de Desarrollo Integral de las Comarcas Mineras, y aconsejan la presencia en la mesa negociadora de la patronal del sector, Carbunión, que hasta ahora participaba en el diálogo con el Gobierno por separado. En el capítulo de producción las centrales sindicales se remiten al preacuerdo alcanzado el pasado siete de noviembre, que fija el volumen al final del plan en 9,2 millones de toneladas anuales. Los sindicatos proponen que las reducciones se lleven a cabo en los dos primeros años de vigencia del plan con carácter global; y en el resto con carácter individual, y una reducción del 1,5% en el carbón subterráneo y un 3,5 % en el de cielo abierto. Además, plantean que las empresas presenten sus planes individuales. El documento sindical añade: «Si se detectaran entregas superiores de carbón de cielo abierto al margen de flexibilidad del 5%, el Instituto de la Reestructuración de la Minería del Carbón dejaría de abonar las ayudas correspondientes al exceso del 5% desde el momento en que haya tenido conocimiento del hecho y abrirá un expediente sancionador a la empresa infractora». También se proponen sanciones cuando se detecten «orígenes diferentes del carbón que no se correspondan con los de la empresa minera», penalizaciones que consistirían en suspender las ayudas «por la totalidad del carbón suministrado de diferente origen a la central térmica», además de un expediente sancionador a la empresa. Inactividad y ayudas Otro de los apartados sin duda polémicos de la negociación con las empresas será el que se refiere a los supuestos de inactividad prolongada de las empresas. Los sindicatos proponen que en una inactividad de más de siete días laborables, «que comprometa el cumplimientode los objetivos de producción y suministros periódicos del carbón a las centrales térmicas, la Administración procederá a reducir las ayudas a la producción de forma proporcional a la pérdida transitoria de producción derivada de la inactividad». El documento propuesto insiste también en la vigilancia de las inversiones en infraestructuras, promoción económica y de empleo y formación; y los sindicatos reclaman ser copartícipes en las decisiones de cómo invertir los fondos de la reconversión. «Los empresarios se comprometen a incrementar los salarios de los trabajadores de la minería del carbón como mínimo en el IPC previsto del 2% y regularizarlo si el IPC real fuera mayor que el previsto y fuesen revisadas las ayudas por el Ministerio de Industra con el mismo porcentaje». Este es uno de los apartados incluidos en el documento sobre el futuro Plan del Carbón que los sindicatos proponen al Ministerio de Industria. Los responsables sindicales se muestran dispuestos a plantear batalla en el tema de las reivindicaciones sindicales y los convenios colectivos que se negocien a partir de la aprobación del nuevo plan, que entrará en vigor el próximo 1 de enero, previsiblemente. Prejubilaciones El plan social ya pactado entre Gobierno y sindicatos contempla el sistema de prejubilaciones con una edad equivalente de 52 años. Los trabajadores afectados por las reestructuraciones y que no tengan derecho a prejubilación podrán optar por la recolocación en otras empresas del sector, tras recibir la indemnización legal que les corresponda y tener derecho al paro; o percibir una indemnización de 60.000 euros de promedio para el 2006 (actualizada con el IPC a partir de ese año) si optan por no recolocarse.