Gobierno y agricultores retoman mañana las negociaciones sobre el gasóleo

El Gobierno y las organizaciones agrarias retomarán mañana las negociaciones sobre la crisis causada por el encarecimiento del gasóleo, que se rompieron el lunes pasado y dieron lugar dos días después a una protesta multitudinaria por todo el país: 40.000 agricultores y 10.000 tractores cortaron carreteras en doce comunidades autónomas. Las expectativas de un acuerdo, sin embargo, no parecen muchas, dado que el Ejecutivo sostiene que es muy difícil subir su oferta actual, que califican de «generosa», mientras que los profesionales del campo demandan mejoras «sustanciales». Como signo de buena voluntad, las tres principales organizaciones agrarias (UPA, Asaja y Coag) han renunciado a convocar nuevas movilizaciones hasta después de ese encuentro, que será el quinto en el espacio de un mes para tratar el mismo asunto. Ayudas fiscales Desde la Administración socialista, por su parte, la vicepresidenta Teresa Fernández de la Vega advirtió que los recursos públicos son «limitados» y hay poco margen para los cambios, si bien expresó su «confianza en alcanzar un acuerdo justo y beneficioso para todos». La última contraoferta del Gobierno, en respuesta a las peticiones de las asociaciones agrarias, consiste en distintas ayudas fiscales. En ella se incluyen desde una pequeña subida del IVA que los agricultores repercuten en sus productos, hasta la devolución parcial del impuesto especial de hidrocarburos, a partir de que el precio de su gasóleo supere un determinado nivel. Esta última medida es la más codiciada por los agricultores, cuya aspiración final es la exención total de este tributo, pero discrepan con Hacienda sobre el año que se tomaría como base para el cálculo de ese precio (ellos quieren 2003-2004, mientras que la Administración pretende el período 2005-2006 para reducir el coste de esa ayuda). También se mantendría la deducción del 10% para los gastos de difícil justificación y se incluirían desgravaciones más altas en el IRPF para los gastos en gasóleo y fertilizantes, si bien muchos profesionales no podrían aplicarlas por no alcanzar el umbral de ingresos mínimo. Por ello, las organizaciones sostienen que los 394 millones de euros prometidos apenas superarían, en realidad, los 211 millones.