La misma Constitución para todos

Mas de medio centenar de familiares de guardias civiles, miembros de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) se congregaron ayer ante la Subdelegación del Gobierno de la capital leonesa para reivindicar que se les «reconozcan» sus derechos constitucionales de los que, según ellos, «carecen» los miembros de este cuerpo. Esta agrupación reclaman una Ley de Derechos y Deberes de todos los guardias civiles que «garantice» derechos reconocidos en la Carta Magna a todos los españoles y que, sin embargo, «están limitados para los agentes de este cuerpo». Derechos como la Libre Elección de Residencia, la Libertad de Circulación, la Libertad de Expresión, el Derecho a Petición Colectiva, el derecho a Representación Sindical, así como la plena equiparación salarial y profesional con el Cuerpo Nacional de Policía, unos sistemas retributivos complementarios semejantes en ambos Cuerpos de Seguridad del Estado y la regulación de las condiciones laborales elementales de los guardias civiles tales como vacaciones, previsión del servicio y turnos de trabajo, seguridad o prevención de riesgos, entre otros. A lo que añaden la equiparación de la mujer en todos los ámbitos de la Guardia Civil. Unas condiciones que aseguran siguen estando «ausentes» en la Guardia Civil y permiten repartos «abusivos y arbitrarios» de la productividad, falta de promoción interna o «impiden» conciliar la vida familiar con la profesional. Desde las doce de la mañana, mujeres, hijos y otros familiares de guardias civiles procedentes de distintos puntos de la provincia exigieron la equiparación absoluta de la Guardia Civil al resto de cuerpos policiales, bajo pancartas en las que se podía leer «Constitución sí, pero para todos» y otras de carácter similar. Las reivindicaciones de los guardias civiles de AUGC, que en León son más de 360, van más allá del mero reconocimiento sin limitación de los derechos mencionados. Para ellos, la existencia de un cuerpo policial militarizado es una reforma del pasado que «pervierte» la función de la Guardia Civil y «disminuye» su eficacia policial. Por ello, reclaman la plena adscripción al Ministerio de Interior y su completa desmilitarización. El delegado provincial de AUGC manifestó a este periódico que «no es el primer acto de reivindicación de nuestros derechos y no será el último si las cosas no cambian». Una situación que, según él, el Ejecutivo central se «ha comprometido» a modificar antes de que finalice el mes de marzo del 2006. Promesa que si no se lleva acabo desembocará en «nuevos actos de protesta», hasta alcanzar la dignificación del trabajo de los guardias civiles.