Un centenar de personas exige que no se ubique el párking en la Inmaculada

La construcción del parking subterráneo de la plaza de la Inmaculada prevista para el 2006, reunió ayer en una concentración lúdica a casi un centenar de personas que reivindicaron la paralización de una obra que «conducirá inevitablemente a la desaparición de una plaza emblemática en la ciudad y al aumento de la contaminacuión», según Ecologistas en Acción y la Asociación de Comerciantes, Profesionales y Vecinos de la citada plaza. Durante el acto se recogieron firmas contra el párking y la presidenta de Ecologistas en Acción, Ángeles Murciego, aseguró que este proyecto está «en contra de la ley de Urbanismo de Castilla y León» y que han planteado un recurso en contra del anteproyecto la semana pasada en la sala de lo contencioso porque creen que «hay nulidad de pleno derecho, ya que se contraviene la legislación urbanística local y la de la Junta de Castilla y León». Asimismo aseguró que las alegaciones que presentaron en contra del proyecto fueron desestimadas porque «el Ayuntamiento obvió el trámite medio ambiental». «Las obras son inviables con la legislación en la mano», insistió Murciego. Falta de diálogo El presidente de la Asociación de Comerciantes y Vecinos de la citada plaza esgrimió que el Ayuntamiento «no ha dialogado, ni explicado» a los afectados la necesidad de construir este nuevo párking y alegó que Mario Amilivia «no había querido escuchar las réplicas al proyecto ni en la radio ni en la televisión ni en ningún sitio». Aseguró que las reuniones mantenidas hasta el momento en los despachos municipales eran «un diálogo de sordos». Gutiérrez acusó al Ayuntamiento de atentar contra la inteligencia de los leoneses al decir que «no va a afectar al tráfico» y destacó la utilidad pública de la plaza durante más de 100 años. Asimismo lamentó que se convierta «en un solar de piedra y granito». Esta asociación presentará también un recurso la semana que viene en la sala de lo contencioso. Carlos Gonzalez Antón, abogado de la asociación de vecinos manifestó que hay dos cuestiones: una de legalidad y otra de oportunidad. «Este proyecto incumple las normas urbanísticas y es una decisión política que va en contra de los ciudadanos, estas decisiones tiene que estar justificadas», explicó.