Dependencia de lo ajeno

El hecho de que los presupuestos autonómicos dependan en gran medida de recursos ajenos implica una autonomía financiera limitada, pero los datos recogidos por el Instituto de Estudios Fiscales desvelan sobre todo una disparidad muy importante entre los territorios españoles. En cifras globales, las transferencias son el capítulo que más aporta a los presupuestos de las comunidades en lo que se refiere a los ingresos corrientes (los que proceden de vía fiscal o de venta de bienes o servicios), ya que incluyen el Fondo de Suficiencia, al cofinanciación de los fondos estructurales y los pagos de la PAC. Estos capítulos aportan en líneas generales casi un 40% de los fondos que ingresan las autonomías; y a ellos habría que sumar un 34% que reciben de los impuestos indirectos; un 17,2% de los impuestos directos, etc. Hay grandes diferencias, sin embargo, entre autonomías como Baleares o Madrid, en las que el Fondo de Suficiencia es negativo (aportan más que reciben), y la cuantía que perciben de la UE es muy pequeña. Cataluña, Comunidad Valenciana, Asturias y Cantabria están por debajo de l amedia. Sin embargo, el mayor peso de estas partidas presupuestarias en los ingresos autonómicos se dan en Extremadura (con más del 66% de sus cuentas totales), seguida de Canarias (55,7%) y Andalucía (50,2%). En el caso de Extremadura la solidaridad de la financiación autonómica supone una partida básica: casi un 50% del total de sus ingresos. A ellos suma otro 16% en concepto de ayudas del Feoga. La financiación autonómica y las políticas europeas son también especialmente relevantes en las cuentas públicas de Castilla-La Mancha, Castilla y León y Andalucía. En el caso de Castilla y León los ingresos para el ejercicio que está a punto de terminar se han registrado sobre todo en este capítulo de transferencias (que recoge los recursos designados a través de ayudas y subsidios), y que ascienden a 3.931 millones de euros, de lo que algo más de 3.000 proceden del Estado (más de 2.500 del Fondo de Suficiencia); y 890 de las ayudas agrarias de la UE. A ellos hay que añadir los recursos a organismos descentralizados y municipios, que recibieron 393 millones del Estado y más de 282 de la UE.