Tres años de demora

Mariano Rajoy, presidente del Gobierno en funciones, rubricó la Ley de convocatoria de la Ope extraordinaria dictada para acabar con la inestabilidad laboral en los centros de trabajo. Una ley que afectaba a más del 40% de todas las plantilla y que implicó, como candidatos, a trescientas mil personas. Se convirtió así este proceso en el más numerosos de los convocados nunca en la administración española. Es precisamente esa dimensión la que ha generado los problemas de plazos que aún hoy se sufren. La ley, publicada en noviembre de 2001, establecía un plazo de 18 meses para resolver todo el concurso. Ya en diciembre de 2003 se usó la potestad allí recogida para ampliar los plazos como de nuevo se efectuó en 2004 y ahora en 2005. El proceso, pues, acumulará un retraso de no menos de dos años y medio cuando finalmente sea resuelto.