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El PP introdujo en las Cortes una alegación que modifica el artículo 12 de la legislación de 1996

La Junta librará a los cotos de pagar por ley los accidentes provocados por animales

Ahora será un juez quien determine el culpable del siniestro producido con especies cinegéticas

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L. Urdiales - león
León

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El gobierno autonómico tiene previsto modificar a principios de año la ley de caza de Castilla y León, en lo que afecta a su artículo 12. Cuando entre en vigor la corrección, los cotos privados de caza o las sociedades de cazadores que gestionen estos espacios no serán los únicos responsables de los accidentes de circulación que provoquen o en los que se vean implicados los animales salvajes. El grupo del PP en las Cortes de Valladolid introdujo una moción que en líneas generales viene a extender los límites de la responsabilidad cuando se trata de analizar las causas de una accidente de tráfico con una especie cinegética de por medio. La reconsideración de la norma vigente -aplicada hasta ahora en la práctica con excesiva lentitud por las reticencias que mostraban algunas partes afectadas por los siniestros- significa una mayor implicación del sistema judicial y de las fuerzas del orden en la tarea de dilucidar quiénes deben pagar los costes en accidentes causados por piezas de caza que, en todo caso, a partir de la entrada en vigor de esta modificación van a terminar necesariamente en manos de un juzgado. La responsabilidad de un accidentes de tráfico producido por un animal salvaje se aplica con la actual redacción de la Ley de julio de 1996 al titular o titulares del terreno acotado desde el que el animal se introdujo en la carretera. Después del siniestro se abre un proceso burocrático engorroso y no menor de 20 meses, y con un final incierto: el conductor que sufre el percance debe de denunciar al coto, después de que la Guardia Civil haya elaborado un informe completo de las circunstancias en las que se produjo el choque. No deja de resultar paradójica las reticencias de las compañías de seguros a hacerse cargo de los costes de los desperfectos que sufre el vehículo, generalmente cuantiosos cuando se trata de animales grandes. Este proceso contencioso, que ya tiene fecha de caducidad, se inspiró en los daños que causaban las piezas a los cultivos agrícolas.