La Junta asumió las competencias de Villaturiel sobre el depósito en el 2000

La humareda que levantó el incendio de más de 500.000 neumáticos en Castrillo de la Ribera se va despejando y permite vislumbrar quiénes son los responsables de un fuego que pudo tener graves consecuencias. En primer lugar, el empresario que acumuló las montañas de caucho en los últimos seis años, a pesar de las dos paralizaciones de obra decretadas por el Ayuntamiento de Villaturiel, los tres expedientes sancionadores de la Junta, con multas de 20.000 euros, el precinto de las instalaciones en el 2001 y la denuncia de la Guardia Civil por cometer supuestamente siete infracciones por almacenamiento de residuos. El propietario inicial de las fincas de ruedas -que hoy figuran a nombre de su mujer- ha hecho oídos sordos a la maquinaria administrativa desde 1999 y, según la Junta, no ha abonado ni siquiera el importe de las multas al declararse insolvente. Los procesos siguen abiertos e, incluso, el juzgado Contencioso-Administrativo número 1 de León aún no ha resuelto el recurso que planteó contra la denegación de la licencia de actividad. La responsabilidad subsidiaria recáe en segundo lugar en la Junta, que es la garante de velar por el medio ambiente y de sancionar el incumplimiento de la gestión de residuos. Es más, el 28 de abril del 2000, el Ejecutivo autonómico aceptó asumir las escasas competencias que tuviera Villaturiel sobre el depósito al reconocer que este pequeño ayuntamiento, de 1.300 habitantes, carecía de medios para poner fin a la situación de peligro que generaba la acumulación irregular de ruedas en Castrillo de la Ribera. Según consta en la documentación del archivo municipal, el entonces delegado territorial de la Junta en León, Luis Aznar, y el alcalde de Villaturiel, Valentín Martínez, decidieron tras una entrevista que el Ayuntamiento delegase a la Junta las competencias que pudiera tener para que el gobierno autonómico ejerciera las acciones necesarias para paralizar el depósito, lo que se plasmó en una resolución de la alcaldía. Incluso los cuatro subdelegados del Gobierno, Carlos Díez, Junco Petremet, Víctor Núñez y Francisco Álvarez, han contestado a las peticiones de ayuda de Villaturiel recordando que las competencias corresponden a la Junta. El regidor ha solicitado colaboración para resolver el problema hasta en diez ocasiones tanto a la Junta, como a la Subdelegación y a la Guardia Civil.