El reparto de los fondos bloquea de nuevo la firma del Plan del Carbón

Los criterios de reparto de los fondos que intentarán paliar los efectos de la reestructuración de la minería en los próximos siete años bloquearon ayer, de nuevo, la firma del Plan del Carbón 2006-2012, que debería haberse llevado a cabo antes de finalizar el 2005. En la primera reunión del nuevo ejercicio los representantes sindicales y el secretario general de la Energía, Antonio Fernández Segura, debatieron fundamentalmente dos de los puntos pendientes: la clasificación de los municipios para determinar su acceso a los fondos mineros; y el reparto de los fondos por autonomías según los efectos que sufran de la reconversión. Sobre la mesa quedaron cuestiones como el reparto de la producción según los consumos garantizados previstos, así como la participación de los sindicatos en las mesas nacionales de decisión de proyectos empresariales y de infraestructuras. El próximo martes las federaciones de CC.OO. y UGT se reunirán en Madrid para llevar una propuesta conjunta al día siguiente al encuentro con los representantes del Ministerio de Industria. Según reconocía ayer el secretario provincial de la Federación Minerometalúrgica de CC.OO., Alberto González Llamas, el objetivo es agilizar al máximo la firma del acuerdo: «No se trata de firmar cualquier cosa, pero a estas alturas es difícil justificar un retraso excesivo». Sin embargo, los sindicatos se han dado unos días para analizar la abultada documentación entregada ayer por Industria. Ayudas a municipios Industria presentó una lista de municipios según las tres nuevas categorías que determinarán las posibles ayudas a recibir, y que se establecen en municipios muy mineros, limítrofes y con dependencia de la minería del carbón. El ministerio se resiste a saltarse los criterios objetivos para incluir a municipios sobre todo asturianos y aragoneses, pero entre los que estaría incluido Palacios del Sil, que sin contar con explotaciones tienen una población que depende exclusivamente de la minería. Sí desaparecen anteriores criterios de acceso a las ayudas, como municipios Rechar o municipios del Bierzo. Otro de los puntos de fricción está en los criterios que se establecerán para determinar el reparto de fondos mineros entre las autonomías. La propuesta ministerial valora la pérdida histórica de empleos (la registrada en el plan 1998-2005 y los anteriores); así como la que se va a producir a partir de ahora y hasta el 2012. Castilla y León y Asturias no comparten este criterio, que seguiría beneficiando a autonomías como Aragón y Cataluña, donde la reconversión de la minería ya ha concluido. Además, según explica González Llamas, las ayudas a la creación de proyectos empresariales del plan recién concluido no han tenido el mismo efecto en todas las autonomías: «En el resto de las comunidades se ha creado más empleo del destruido en las minas, mientras Asturias, León y Palencia han perdido empleo en total. La propuesta sindical contempla que las ayudas para proyectos empresariales, infraestructuras y formación se repartan en función del empleo que se perderá en el plan futuro, lo que beneficiaría clamente a estas dos autonomías, que serán las que sufran la reestructuración en el futuro». Con este criterio el Principado conseguiría casi el 60% de los fondos, y Castilla y León casi el 40% restante. La próxima semana las centrales sindicales pondrán sobre la mesa una nueva propuesta de reparto de fondos por autonomías, consensuada previamente entre las federaciones.