El consistorio estudiará también la devolución de las que se han pagado
El alcalde y los servicios jurídicos decidirán si anulan o no las multas
Los sindicatos aseguran que los policías han sido «escrupulosos» con su profesionalidad
El alcalde de San Andrés, Miguel Martínez, será el encargado de decidir si finalmente se anulan las 210 multas que los efectivos de la Policía Local de San Andrés impusieron a los vecinos del municipio como consecuencia de una huelga de celo en protesta por la negociación del convenio colectivo. De momento, el inspector jefe de la Policía Local, Gorgonio Rodríguez, elabora un informe en el que se explican todas las circunstancias y los motivos por los que se denunció, de forma indiscriminada, a decenas de vehículos aparcados en distintos puntos del municipio. «Aparentemente hay razones suficientes para que se anulen las multas aunque serán los servicios jurídicos junto con el alcalde, los que decidan lo que hay que hacer», explicó Rodríguez. Agravios comparativos En los mismos términos se manifestó ayer el concejal de Seguridad Ciudadana, Alberto Balboa, que añadió que no es una decisión fácil ya que algunos vecinos ya han abonado las multas. Además, también habría que determinar cuáles son las denuncias que los efectivos policiales han puesto, del 6 al 8 de enero por este motivo y cuáles son las que realmente corresponden a una infracción que debe ser sancionada. Además, los dos responsables lamentan la postura adoptada por algunos efectivos que ha provocado «la pérdida de prestigio» de un cuerpo de policías muy bien considerado entre los ciudadanos del tercer municipio. Por su parte, los delegados de personal de las secciones sindicales de UGT y CC.OO. insisten en que no se ha organizado ninguna «huelga de celo» y que únicamente se ha llevado a cabo por parte de los agente «una escrupulosa profesionalidad», denunciando a aquellos infractores que, con su comportamiento, afectan a los derechos del resto de los usuarios. Sin embargo, si reconocen tener agravios comparativos con el resto de funcionarios del consistorio y la merma de sus derechos laborales. Respecto a la posibilidad de anular las infracciones, los representantes sindicales califican esto como «una arbitrariedad y un agrvio comparativo con el resto de denuncias formuladas antes y después, ya que todas ellas se hicieron ajustándose a la legalidad y podría provocar el pensamiento equivocado de que en San Andrés se puede aparcar donde se quiera».