Una explosión destroza la cocina de un piso en El Jardín de San Andrés

Las 210 familias que residen en El Jardín de San Andrés exigen a la constructora que edificó la urbanización hace cinco años, que solucione uno de los defectos de construcción del inmueble que provoca situaciones de peligro e intranquilidad para las más de 600 personas que viven en el complejo. Una situación que han denunciado ante la empresa que construyó las 210 viviendas que ocuparon hace tres y cinco años aunque, hasta ahora, no han obtenido ninguna respuesta. El último incidente tuvo lugar en la madrugada del jueves, a las cinco de la mañana, cuando un matrimonio que se encontraba durmiendo en su vivienda de la calle Sagunto se vio sorprendido por el ruido de una explosión procedente de la cocina y seguida de un conato de incendio. La rapidez con la que actuaron los propietarios evitó daños personales. Inmediatamente hasta la zona afectada se desplazaron técnicos de Gas Natural que, en un primer momento, aseguraron que la deflagración se había producido por «el retorno de gas producido por falta de tiro», según señaló el propietario del inmueble, aunque inspecciones posteriores han localizado el origen de la explosión en la campana extractora. Como consecuencia del suceso la cocina ha sufrido daños de consideración, además de la grietas en el techo. Como medida de precaución, la empresa suministradora precintó el gas del piso inferior al siniestrado al detectar una fuga de gas. Este no es el primer susto que se llevan los vecinos de El Jardín de San Andrés ya que en los últimos meses se han quemado cuatro calderas por falta de tiro en la chimenea construida en el tejado del inmueble y varias familias han estado hasta tres meses sin gas al no cumplir las condiciones de seguridad necesarias. Los vecinos aseguran que las conversaciones mantenidas con la constructora «no han servido para nada» y recuerdan que en marzo se cumplen los cinco años de garantía que tiene la promotora para corregir los defectos de construcción. Una situación que obligará a la comunidad de propietarios a emprender acciones legales contra la constructora sino propone ninguna solución inmediata.Una de las posibilidades es cambiar las calderas y su ubicación en las terrazas, lo que supone una media de 1.200 euros por vivienda, ya que «construir las chimeneas de nuevo es prácticamente imposible».