El Ayuntamiento se reafirma en que «no pueden trasladar los vehículos a la finca de Oteruelo»
León concede ahora a Clarés hasta el día 26 para que desaloje el desguace
Los propietarios condicionan el abandono a que les dejen ubicarse en los terrenos que poseen
Los propietarios de Clarés han desalojado ya chatarra que ha sido trasladada a un gestor de La Robla
La década de pleitos entre el desguace Clarés y el Ayuntamiento de León aplaza de nuevo su final hasta el próximo día 26 de enero, cuando expira la enésima moratoria concedida para que los propietarios de la instalación desalojen la chatarra y enseres que amontonan en los terrenos anejos al nuevo estadio de fútbol Antonio Amilivia. El estiramiento de la gracia se justificó ayer por parte de la concejala de Urbanismo, María José Alonso, como medida obligada por «el trámite de audiencia cursado por los empresarios para ver el expediente», lo que supuso la paralización del curso ordinario y la posterior puesta en marcha. El consistorio leonés, que por medio de su alcalde anunció el pasado viernes que con el declinar de la semana se acababa el plazo, espera ahora que Hermanos Clarés cumpla con la sentencia dictada por el juzgado, y adelanta que «si no lo hace se procederá a encargar a un gestor autorizado que lo efectúe y será la empresa de forma subsidiaria quien deba abonar el coste de los trabajos». Para reafirmar la postura de la administración, Alonso volvió a incidir en que los propietarios del desguace, «pese a que cuentan con una sentencia judicial para ocupar la finca que tiene en Oteruelo de la Valdoncina, deben cumplir con unas medidas correctoras que son muy rigurosas y que por el momento no se han desarrollado», por lo que sentenció que «no pueden instalarse allí». La finca de 55.000 metros cuadrados ubicada en terrenos de la pedanía de la capital, dentro del polígono de Trobajo del Camino, es objeto de revisión, según la concejala, que afirmó que «la inspección urbanística va todos los días para velar por el cumplimiento de las normas». La licencia de actividad para instalarse en la finca de Valdebajón fue concedida por el juez en el año 2001, después de que el Ayuntamiento se negara a expedirla y hubiera que acudir a los tribunales; aunque el consistorio alega que no cumple la nueva legislación europea y española para centros de recuperación de vehículos.