Clarés frena otra vez el desalojo de su desguace por parte del Ayuntamiento

La resolución para la salida de los enseres y la chatarra que la empresa Hermanos Clarés mantiene en las inmediaciones del nuevo estadio de fútbol Antonio Amilivia se demorará una vez más, fruto de los mecanismo utilizados por los propietarios del desguace para paralizar el vencimiento del último plazo. El Ayuntamiento, que había fijado por enésima vez como expiración el 26 de enero, hizo público a mediodía una nota destinada a los medios. «Si una vez cerrado el plazo, a las doce de la noche, no se registra ninguna alegación, el equipo de gobierno municipal emprenderá la ejecución subsidiaria del expediente abierto por el consistorio, una vez que ha vencido el plazo y por tanto procederá, por un lado, a la retirada de la chatarra y, por otro, al tratamiento que permitirá la descontaminación de los vehículos y del terreno», rezaba literalmente el comunicado. El condicional planteado por los responsables municipales, por medio de su concejala de Urbanismo, se deshizo mediada la tarde, cuando los servicios jurídicos de la empresa Hermanos Clarés aseguraron que había sido presentada una alegación, sin llegar a concretar su contenido, aunque descartaron que el desalojo anunciado pudiera llevarse a efecto después de esta medida. Estas mismas fuentes anunciaron que se ha presentado una solicitud para suspender la ejecución de las actuaciones encargadas a la Policía Local, que desde el mes de diciembre levanta acta por faltas graves presuntamente cometidas en el desguace del entorno del campo de fútbol, sancionables con multas de hasta 3.000 euros cada una. El juzgado de lo contencioso-administrativo deberá citar ahora nuevamente a las partes para resolver, por lo que se augura que el abandono de las instalaciones podría demorarse aún varias semanas más. Prohibición al traslado Hermanos Clarés ya cobró en los pasados meses el justiprecio fijado por el juzgado de expropiaciones, 155.000 euros, por concepto de abandono de las instalaciones y cese de actividad de negocio, aunque mantiene ahora una lucha con el Ayuntamiento por el traslado de los enseres a una finca de 55.000 metros cuadrados en Oteruelo de la Valdoncina, en la trasera de Everest. La empresa se apoya en una sentencia judicial para exigir la ocupación de esos terrenos y lo supedita a la salida de los actuales; mientras que el consistorio de la capital leonesa sostiene que no cumplen la normativa europea en materia medioambiental y les impide que se trasladen.