Las denuncias, paso a paso

Veintisiete días después de la entrada en vigor de la Ley Antitabaco, la Junta de Castilla y León trabaja a marchas forzadas no sólo para adaptar su propia normativa al nuevo marco legal, sino también para interpretar las numerosas dudas que sobre su aplicación han surgido hasta el momento. Mientras se redactan los decretos y los reglamentos que desarrollarán la Ley nacional, -entre ellos el que establecerá qué tipo de señales de prohibición podrán utilizarse en el territorio de la comunidad y en qué lugares deberán colocarse-, permanece vigente aunque con carácter transitorio el régimen sancionador que existía hasta el momento en Castilla y León y que no es otro que el que aparece recogido en la Ley autonómica 3/1994 sobre Prevención, Asistencia e Integración Social de Drogodependientes. De acuerdo con esta Ley, los ciudadanos pueden interponer denuncias en la materia ante cualquier registro oficial de las administraciones. Según se trate de un ámbito u otro, los inspectores de la Junta de Castilla y León (de Consumo en el caso de tratarse de un establecimiento hostelero, o de Trabajo, si trata de un centro de trabajo) se personarán en el lugar y comprobarán la veracidad de los hechos que se denuncian. A continuación, los servicios territoriales de Sanidad, dentro de la fase instructora del proceso, son los órganos competentes para incoar y tramitar el correspondiente expediente sancionador. Órgano sancionador En cuanto al órgano sancionador, es el propio consejero de Sanidad quien impondrá las sanciones en los casos de infracciones más graves (hasta de 60.000 euros y cierre del establecimiento), mientras que esta competencia se delega en la Dirección General de Salud Pública y en las correspondientes delegaciones territoriales de la Junta de Castilla y León en el caso de que las infracciones sean leves. La Comisionada para la Droga de la Junta de Castilla y León, Isabel Alonso, explicó a Diario de León que su departamento se encuentra actualmente trabajando en la adaptación de la normativa autonómica a la nueva Ley ya que habrá muchos aspectos que modificar o que añadir. Ajustar las sanciones Entre ellos, la propia cuantía de las sanciones, puesto que la sanción máxima prevista por la Ley autonómica para las infracciones leves (hasta 12.000 euros) es mucho más alta que la que marca la propia Ley estatal (hasta 600 euros). «Nuestras sanciones no van a ser más altas que las del resto de las comunidades autónomas y por lo tanto tendremos que adaptar nuestra ley en este aspecto», explicó la Comisionada.