La constructora del Jardín de San Andrés evaluará las 210 viviendas
La empresa que construyó las 210 viviendas del Jardín de San Andrés, en la carretera de Caboalles, se ha comprometido a estudiar la situación de los distintos bloques, afectados por varios defectos de construcción que impiden un buen funcionamiento de las calderas de gas, que no tienen tiro suficiente, algo que ha provocado varios incidentes y sustos para los vecinos de esta urbanización cuyas viviendas tienen entre cinco y tres años de antigüedad. A partir de este momento, la constructora estudiará la situación y recabará la información necesaria sobre el estado en el que se encuentran las chimeneas, lo que provoca que la combustión de las calderas no sea la adecuada ya que la salida de humos es compartida por la campana y por la propia caldera. Además su instalación no es correcta. Cuatro años después La promotora ha aceptado evaluar la situación cuatro años después de que se iniciaran las protestas de los vecinos y quince días después de que las hicieran públicas. Así se lo comunicó la compañía a la comunidad de propietarios del Jardín de San Andrés mediante una carta. Hace algo más de una semana que el incendio ocurrido en la cocina de una de las viviendas acabó con la paciencia de los vecinos, indignados ante el caso omiso que hacía la constructora que, a pesar de las solicitudes contínuas de los vecinos, no ha tomado ninguna medida. Varias calderas quemadas y cortes de gas intermitentes son algunas de las consecuencias que sufren los vecinos de esta urbanización que ya había anunciado su intención de iniciar acciones legales si la promotora no solucionaba el problema. Los vecinos exigen a la constructora que solucione el problema que pasaría, entre otras opciones, por sacar la caldera a las terrazas, algo que supone un coste de 1.200 euros por vivienda y que ya han tenido que afrontar algunos de los propietarios que han visto como la empresa suministradora les ha precintado el gas en pleno invierno por existir problemas en la combustión que podían poner en riesgo la salud de los inquilinos. En esta urbanización viven alrededor de 600 personas.