La Federación de Municipios y Provincias creará una comisión para reclamar el IBI del Huerna

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha aceptado intervenir en la batalla emprendida por los diez ayuntamientos afectados por la exención del 95% del IBI que disfruta la autopista León-Campomanes desde su apertura. El apoyo de este organismo a la reclamación de León y Asturias se efectuará a través de una comisión que se encargará de mediar ante el Gobierno central para que compense las pérdidas económicas que sufren los nueve municipios leoneses y Pola de Lena al no percibir ese impuesto. El logro es obra, precisamente, del alcalde de Pola, el socialista Hugo Morán, quien ya tiene asumido que, junto a la vía política, la única que realmente dará resultado es la judicial. El regidor asturiano se integró el pasado mes de noviembre en una plataforma reivindicativa con los nueve municipios leoneses afectados por al exención del IBI de la AP-66. El colectivo está liderado por Morán y por el alcalde de Valverde de La Virgen, el leonesista David Fernández, quien también planteó el 19 de diciembre del 2005 a la Federación de Municipios y Provincias de Castilla y León la necesidad de crear una comisión de apoyo político a sus reivindicaciones. Aún sin nombrar La iniciativa fue aprobada, pero, según reconoce, la comisión aún no ha sido nombrada. Valverde llevará hoy a pleno la necesidad de dejar la reclamación del IBI en manos de los abogados que lograron compensaciones de 246.000 euros para el ayuntamiento riojano de Cenicero en su contencioso con la A-68 por el impuesto. El gasto que genere esta representación legal será sufragado por los ayuntamientos de manera proporcional al dinero que reclamen, según acordaron. Onzonilla ya aprobó en su pleno de la pasada semana dar ese paso y, previsiblemente, en las próximas semanas lo harán los otros siete ayuntamientos leoneses (Santovenia de la Valdocina, Cimanes del Tejar, Carrocera, Barrios de Luna, Sena de Luna, Rioseco y Soto y Amío). Fernández cree que la vía administrativa está «agotada» y prevé un largo proceso judicial. «Lo lógico -reconoce- es pensar que no tengamos respuesta hasta dentro de tres o cuatro años, pero es necesario adoptar esta decisión». La reclamación de los municipios afectados por el IBI del Huerna alcanza los nueve millones de euros. Según los cálculos de la plataforma, el Estado debería reservar en torno a doce millones de euros anuales para compensar las exenciones del IBI en varias autopistas de España, una cantidad que el colectivo considera plenamente asumible. Todos entienden que la medida adoptada por el Estado para favorecer a Aucalsa repercute negativamente en sus arcas municipales.