Carbunión advierte de ilegalidades en el acuerdo entre sindicatos e Industria Reducción porcentual por empresas

La patronal del carbón, Carbunión, expuso en la reunión que ayer mantuvo con técnicos del Ministerio de Industria sus reivindicaciones sobre el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los sindicatos respecto al Plan del Carbón 2006-2012. Entre ellas, planteó su oposición frontal a una serie de acuerdos que la patronal considera que vulneran la legalidad, como la suspensión de las ayudas en caso de detectar irregularidades en el origen del carbón o que sean la Administración y los sindicatos quienes decidan qué minas tienen que reducir producción o cerrar. El próximo miércoles se volverá a producir un encuentro entre las tres partes implicadas en el proyecto de futuro del sector minero, para intentar avanzar en un acuerdo que debería haber entrado en vigor el pasado uno de enero. Fuentes de Carbunión fueron ayer taxativas sobre la negociación de estos puntos de divergencia: «No contemplamos la hipótesis de que nuestras reivindicaciones no se consideren. Carbunión no pide nada, ni más ayudas ni cambios en los acuerdos de producción y nuevas contrataciones. Pero no aceptará estas ilegalidades». Las mismas fuentes aseguraron que la patronal tiene «la mejor disposición» para finalizar la negociación del plan, pero advirtió que «Administración y sindicatos han regulado sobre asuntos que desconocen, y sobre los que no tienen capacidad de decisión». Firma o adhesión Desde Carbunión se asegura también que, «si se acepta la propuesta presentada al ministerio el viernes», estarían dispuestos a firmar el Plan del Carbón, en lugar de adherirse posteriormente, como ocurrió con el plan 1998-2005. Por otra parte, la patronal reconoció ayer, con los datos aportados por el Ministerio de Industria, que las cifras que maneja el Plan del Carbón son las reales, y no equivocadas como mantenían algunas de las empresas asociadas. Las discrepancias se centran ahora en el reparto de la reducción de la producción, las ayudas en caso de cierre o las regulaciones y sanciones pactadas entre los sindicatos y el ministerio. Las discrepancias que la patronal del carbón mantiene con el documento pactado entre Gobierno y sindicatos se dividen en dos bloques, según fuentes de Carbunión. Por un lado, en la intensidad decreciente de las ayudas; la propuesta de que cuando se cierre una mina se mantenga un 30% de la subvención para conservar el empleo en otros grupos de la empresa y, por último, que el porcentaje entre minería subterránea y producción a cielo abierto se mantenga por empresas, y no contabilizando el conjunto del sector. Para Carbunión «es absurdo pretender que los porcentajes se fijen sin contar con las necesidades de cada empresa», y achacan la postura de los sindicatos a «una decisión política». Por otro lado, la patronal critica duramente las propuestas de regulación que se incorporan al documento, especialmente la que contempla que en caso de irregularidades en los carbones de suministro primero se corten las ayudas a la empresa y luego se investigue. «No sólo es un disparate, sino que va en contra de la legislación europea», aseguran estas fuentes. Tampoco acepta Carbunión que sindicatos y Administración «se arroguen el derecho de decidir qué minas deben reducir producción o cerrar. La normativa europea indica que sean las que tienen peores perspectivas de futuro, pero en cualquier caso son las propias empresas las que mejor conocen la situación».