Vacas locas en la sala de vistas

El proceso judicial devuelve a los ganaderos una parte de la esperanza que destruyó la crisis de la encefalopatía espongiforme bovina, que vivió un momento extremo en enero del 2001, con agitación social sin precedentes en el sector. En ese mismo año, y sólo unos meses después de que se registraran los dos primeros casos de vaca loca en explotaciones de la provincia leonesa (que hoy suma 36), seiscientos ganaderos españoles se sumaron a una demanda contra la Unión Europea y el Consejo de Europa por «gestión irregular» de la crisis, a la que se responsabilizaba entonces -hace cinco años- de pérdidas de cinco mil millones de pesetas. La Unión de Pagesos, sindicato agrario de Cataluña, promovió la demanda, que fue respaldada desde el inicio por la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (Coag). Un juzgado del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en Luxemburgo abre la próxima semana el juicio, en la que la parte afectada exige casi 19,5 millones de euros (más de 3.200 millones de pesetas en moneda de la fecha del inicio del proceso judicial. Se incluyen las pérdidas directas, la caída de precios que envolvió al sector a consecuencia de la enfermedad de las vacas locas. La acción se interpuso contra la Comisión Europea y contra el Consejo «por su no actuación inicial» y su «actuación inadecuada» al detectar el foco de la enfermedad en el Reino Unido. Esto explicó el letrado Miquel Roca, del bufete de abogados que representa a los demandantes, que necesitó de hasta 30 cajas para estructurar toda la documentación que registró ante el tribunal luxemburgués. Los ganaderos afectados en España mantienen que las instituciones europeas actuaron de forma insuficiente y descoordinada frente a los focos en cadena de casos de EEB y adoptar decisiones contradictorias. «Todo el mundo acepta ahora que los únicos no responsables de los perjuicios causados son los afectados», indicó Roca, abogado de los demandantes, que sostuvo que la responsabilidad patrimonial de exigían a través de la demanda se argumentaba con aspectos jurídicos novedosos. Una de las cuestiones que más influyó en los razonamientos de la demanda fue la decisión de la Comisión de derogar una directiva que le obligaba a inspeccionar la calidad de los piensos que procedías de Gran Bretaña. «Por razones políticas que nos corresponde investigar, no se quisieron adoptar las medidas necesarias para prohibir la llegada de harinas de las islas», indicó entonces el letrado de los ganaderos españoles en este proceso. Casi trescientos de los que han logrado que un tribunal revise las causas y gestión de la crisis que puso al borde del abismo al sector vacuno son catalanes; ciento cincuenta demandantes tenían sus explotaciones en Castilla y León. Extremadura, Aragón, Asturias y Galicia aportaron el resto de firmas. 36 casos en cinco años El bum mediático de las vacas afectadas por la encefalopatía espongiforme se apagó, con fortuna para el sector productivo que llegó hasta sufrir persecuciones públicas cada vez que en los primeros meses de la crisis aparecía un positivo en una explotación. La provincia leonesa registra hasta ahora 36 casos entre los más de seiscientos que se han producido en España desde el otoño del 2000.