La Junta defiende su actuación en los vertederos ilegales del alfoz

El consejero de Medio Ambiente, Carlos Fernández Carriedo, defendió ayer la actuación de la Junta en relación al vertedero ilegal de neumáticos de Castrillo de la Ribera, el de la empresa RMD y el de los productos cárnicos de la empresa Unalsa. Fernández Carriedo apuntó que la actuación de la administración ha sido la correcta ya que permitió eliminar el problema, sancionar a sus responsables e incluso llevarlos ante los tribunales. El consejero compareció, a petición del Grupo Socialista, en la Comisión de Medio Ambiente de las Cortes, para explicar la actuación de la Junta en todos estos casos. Desde el PSOE, la procurado Inmaculada Larrauri aseguró que ayer exigió al consejero que se ejecuten todas las medidas y las actuaciones correctoras en los tres casos. «Hasta ahora la Junta ha sido consentidora, negligente e inoperante y ha pecado de desidia y en algunos casos de permisividad y connivencia», señaló Larrauri, quien reclamó que «hay que evitar que el alfoz de León se convierta en un vertedero». Respecto al depósito ilegal de neumáticos en Castrillo, el consejero recordó que su responsable está llamado a declarar ante un juez el día 23 y que la Junta ya le impuso tres sanciones por infracción grave. Además, el depósito, con más de diez toneladas de neumáticos, fue clausurado y está previsto retirar las ruedas, cuyo tratamiento pagará el sancionado. Sin embargo, la procuradora socialista apuntó que Fernández Carriedo no contestó a la pregunta de por qué había tardado tanto la Junta en sancionar al propietario, «mientras se ponía en peligro a la ciudadanía». Asimismo, en el caso de la empresa RMD en Ardoncino, cuyo depósito de materiales ardió en abril de 2005, Carriedo señaló que ya se han retirado más de 31 toneladas, el 77,5% del total depositado, y está previsto retirar el resto antes de julio de 2006. Si no se cumple ese plazo, la Junta ejecutará un aval de más de 1,2 millones de euros exigido a la empresa. En el caso de Unalsa, dijo que la actividad está paralizada, en espera de que próximamente se hayan corregido ya las «deficiencias», mediante la instalación de elementos como una depuradora de aguas. Inmaculada Larrauri señaló que en ambos casos la Junta «no ha prestado atención a ninguno de los casos y se fía de los documentos de los propietarios».