La venta y producción alimentaria obliga a Sanidad a realizar casi 40.000 controles

Los servicios sanitarios de la Junta de Castilla y León realizaron el pasado año casi 40.000 controles a establecimientos de venta de alimentación e intervinieron cautelarmente cuarenta productos diferentes para evitar riesgos para la salud de los leoneses. Durante un solo ejercicio, los equipos sanitarios llevan a cabo una media de cinco visitas anuales a cada establecimiento para vigilar su adecuación a las normas de protección de salud. Esta cifra garantiza un control exhaustivo que se confirma, explica el responsable del Servicio, Santiago Travieso, en un número bajo de infracciones y, por lo tanto, de expedientes sancionadores. «Existen controles exhaustivos desde los años ochenta que se incrementaron con la reestructuración de los servicios veterinarios en 1990. Este hecho, unido al autocontrol que llevan a cabo los propios industriales garantizan unos servicios de calidad aunque en este tema nunca se puede garantizar el riesgo cero», precisa Travieso. Visitas realizadas El pasado año, según los datos facilitados por el Servicio Territorial de Sanidad, los equipos veterinarios visitaron un total de 8.214 establecimientos y realizaron un total de 30.491 visitas. De estos controles se tomaron 445 muestras de alimentos que su apariencia, estado o procedencia podrían hacer sospechar un posible riesgo para la salud. No obstante, finalmente sólo fue necesario retener de forma cautelar 38 productos alimenticios. «En algunos casos, como ocurrió el pasado año con el pollo cocinado, la crisis es más mediática que alimentaria, pero no podemos descuidar los controles. En todo caso, no hubo ningún problema de salud grave», recalca el responsable de Sanidad. Las visitas de los equipos sanitarios dependientes del Servicio Territorial de Sanidad obligaron a la apertura de 153 expedientes sancionadores a otros tantos establecimientos de venta o producción alimentaria por infracciones a la normativa vigente que aunque pueden ser consideradas graves según la calificación administrativa «no generaron riesgos graves para la salud». Los servicios de protección de la salud pública cursaron, a lo largo del ejercicio, autorización sanitarias de funcionamiento para 1.271 nuevas empresas, industrias de fabricación, tiendas de alimentación o establecimientos de venta polivalente y cursaron 303 nuevos expedientes de registro sanitario. Las autorizaciones no incluyen las industrias de fabricación alimentaria que deben contar con un preceptivo permiso nacional de funcionamiento.