La Junta arrebata a las pedanías la gestión y explotación de sus montes

Decisiones como la autorización de un cielo abierto, la explotación de una cantera o cualquier otra riqueza del subsuelo, además de la gestión de la madera de sus árboles o los pastos ya no estarán en manos de las pedanías de la provincia. La futura Ley de Montes de Castilla y León, actualmente en periodo de estudio de las alegaciones presentadas a su borrador, fija que la explotación y gestión de los montes de utilidad pública será responsabilidad única de la Junta. El documento refleja de forma expresa la expropiación de los derechos de gestión de las juntas vecinales, contempladas en la Ley de Bases de Régimen Local. Además, ya la primera Ley de Montes de España, que data de finales del siglo XIX, obligaba a las pedanías a explotar sus montes y únicamente contemplaba la gestión por parte de una entidad superior de forma subsidiaria. Esta medida afectará a las cerca de 600.000 hectáreas de montes de utilidad pública de la provincia, en manos de alrededor de 600 juntas vecinales que cuentan -en gran parte de los casos- con el título real de su propiedad desde el Medievo. La mayoría se encuentran en las amplias zonas de montaña de León, ya que la cota 1.000 metros de altitud se fijó en su día como uno de los requisitos para declarar un monte como de utilidad pública. Aluvión de alegaciones La decisión de la Junta ha provocado un aluvión de alegaciones a la futura Ley de Montes por parte de la Diputación. Uno de los redactores del documento con estas reclamaciones, el ingeniero agrónomo César Roa, explica que el borrador de esta nueva norma no refleja «la singularidad forestal de León que por tamaño y heterogeneidad la hace diferente al resto de la comunidad». Recuerda que en la provincia existen montes de utilidad pública y montes públicos y privados (particulares y de libre disposición). Además, manifesta que los montes de utilidad pública en León son todos propiedad de las juntas vecinales, «una singularidad prácticamente centrada sólo en esta provincia». Añade, igualmente, que con la nueva ley «las pedanías ya no podrán decidir los planes para sus montes. El documento del borrador, sin embargo, sí mantiene el denominado «fondo de mejoras» que distribuye los ingresos obtenidos con la explotación de estos montes, en distintos porcentajes, entre la institución autónoma y los pueblos y también contempla una parte para destinar a obras públicas en la zona.