PSOE y UPL tachan la gestión de la Junta de los montes de «atentado» al área rural

La decisión de la Junta de controlar la gestión y explotación de los montes de utilidad pública, que desde hace siglos -en gran parte de los casos- está en manos de las pedanías en la provincia de León, ha suscitado importantes críticas de socialistas y leonesistas, que tachan la futura Ley de Montes como «un atentado contra la gestión de los montes y el desarrollo rural». La portavoz del PSOE en la Comisión de Medio Ambiente de las Cortes de Fuensaldaña y procuradora leonesa, Inmaculada Larrauri, señaló ayer que «la gestión de los montes siempre tiene que estar en manos de sus propietarios, aunque la Junta pueda tutelar aspectos como los planes de reforestación y su vigilancia». Apuntó, además, que la ley ignora la opinión de las pedanías y que se trata de una norma «paternalista e intervencionista». La procuradora leonesa consideró también la «importancia de que los habitantes de los pueblos sientan el monte como suyo para que lo cuiden, perciban los beneficios y ayuden a evitar los incendios». En el capítulo de críticas, Larrauri hizo referencia a la falta de participación en la elaboración de esta ley por parte de los colectivos afectados, como pedanías, ayuntamientos y propietarios. «La Junta les ignora en una actitud muy intervencionista; es una barbaridad en un territorio como Castilla y León con el 51% de superficie forestal». Por su parte, desde las filas leonesistas, su portavoz en la Diputación, Luis Herrero Rubinat, manifestó ayer que la decisión de la Junta de controlar la gestión de los montes de utilidad pública es «impresentable, escandalosa e inaceptable», al tiempo que incitó a los pueblos afectados a protagonizar «una gran movilización contra la Ley de Montes». Vivir del monte Rubinat recordó, en este sentido, que «muchos pueblos viven de sus montes y su supervivencia depende de esa autogestión que llevan desarrollando desde hace siglos». El diputado leonesista subrayó también que los montes de utilidad pública suponen «apoyo y sustento económico, así que esta decisión de la Junta pretende como punto final que las juntas vecinales desaparezcan». En tono irónico, Herrero Rubinat calificó esta decisión de la Junta como «un magnífico ejemplo para comprobar lo que la institución autónoma entiende por Pacto Local y la segunda descentralización». La UPL está convencida de que se trata de «una nueva osadía de la Junta de Valladolid, insaciable a la hora de manipular los designios de León y sus pueblos». El portavoz de esta formación en la institución provincial apuntó que la decisión conculca «derechos consuetudinarios de hace siglos en la provincia».