Industria no modificará ni los cálculos sobre el empleo ni los fondos mineros Las cuencas perderían 151 millones si no se valoran todas las bajas mineras «Más le vale a las cuencas que no sea verdad» «La acusación tiene mala fe y es mentira»

El Ministerio de Industria no modificará ni el recuento de empleos que se perderán con el nuevo Plan del Carbón ni los fondos que se invertirán en la reconversión de las comarcas mineras, porque los dos asuntos quedaron cerrados en el preacuerdo firmado por Gobierno y sindicatos en noviembre, después de las movilizaciones del sector. Fuentes oficiales reiteraron ayer que, pese a las distintas propuestas sindicales para incrementar los fondos mineros y compensar a las tres autonomías que salen perjudicadas con los nuevos criterios de reparto (entre ellas Castilla y León), no habrá ninguna modificación en las cifras ya pactadas. Según fuentes del ministerio, el número de mineros que podrán acogerse a las prejubilaciones fue negociado y acordado el año pasado, y no tiene sentido venir ahora a considerar que la cifra inicial no es la correcta, como proponen los sindicatos de Castilla y León, que intentan acogerse a una supuesta desviación en este dato para incrementar su participación en los fondos mineros. Según la propuesta que actualmente se baraja en la Mesa del Carbón, los criterios por los que se repartirán estos fondos se relacionan con el empleo, y dependerán en un 70% del que se pierda entre el 2006 y el 2012; en un 20% del perdido en el plan entre 1998 y el 2005 y en un 10% de la tasa de paro de las comarcas mineras. En cuanto a los fondos que se destinarán a infraestructuras, empresas creadoras de empleo y formación en las cuencas afectadas por la reconversión, el preacuerdo alcanzado entre las dos partes fijó en 2.880 millones de euros el gasto en los próximos siete años, incluyendo las partidas correspondientes a la desviación en el empleo y la producción del último Plan del Carbón, que fueron mayores de las previstas. En el último encuentro entre el Gobierno y la parte social el secretario general de la Energía, Antonio Fernández Segura, propuso un sistema de reducción gradual de las ayudas para aquellas autonomías que pierden fondos con respecto al plan anterior (Castilla y León, Cataluña y Aragón). Sin embargo, este sistema debe realizarse alterando el método de reparto, nunca incrementando los fondos disponibles. Asturias (la autonomía más beneficiada, que se llevará el 59% de las ayudas públicas) rechaza de plano ceder parte de sus fondos para llevar a cabo este reparto progresivo. Encuentro con Carbunión Fernández Segura mantuvo ayer un encuentro con Carbunión, en lo que parecen ser los últimos retoques del Plan del Carbón y Reestructuración de las Comarcas Mineras 2006-2012, que si no se producen inconvenientes de última hora debería darse por concluido definitivamente el próximo miércoles. Por su parte, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, que preside el ministro de Economía, Pedro Solbes, dio el jueves el visto bueno al proyecto de Plan del Carbón que le envió el Ministrio de Industria. Este era el paso previo necesario para que el documento pase finalmente al Consejo de Ministros, cuya aprobación supondrá la puesta en práctica definitiva del plan, que el Gobierno confía en cerrar en breve. La diferencia entre el número de trabajadores que el Ministerio de Industria prevé que perderá la minería en Castilla y León y el que contemplan las empresas como prejubilables hasta el año 2012, tendrá una notable repercusión en la obtención de los fondos para la reactivación del nuevo Plan del Carbón. Las grandes compañías de la provincia, ateniéndose a sus pirámides de edad, contemplan 1.765 prejubilaciones. Los técnicos del Ministerio de Industria, en cambio, sólo 1.219. Sobre la aplicación de este último baremo, a las cuencas leonesas les correspondería un índice del 24,97% en el reparto de los 2.880 millones de euros estipulados. Es decir unos 719 millones de euros para infraestructuras, ayudas empresariales, formación o becas durante los próximos seis años. Por el contrario, sí se toman en cuenta las bajas previstas por las empresas, a las que conceden credibilidad los sindicatos, el índice que Industria tendría que manejar para la distribución, sería del 30,24%. Un porcentaje que supondría una inyección, durante el periodo de aplicación del nuevo Plan del Carbón, de 870 millones de euros, básicamente en las cuencas de León y en menor medida en las palentinas. Para tratar de remover la postura del Ministerio de Industria antes del próximo miércoles, desde Comisiones Obreras, por ejemplo, se ha transmitido ya a la administración los datos obtenidos de los cuatro grandes grupos carboneros de la comunidad sobre la previsión de prejubilaciones, hasta alcanzar las 1.765. En Unión Minera del Norte (Uminsa), su departamento de personal considera prejubilables a 874 trabajadores desde ahora hasta finales del 2012. De ellos 804 en la provincias de León y Palencia y 70 en Asturias. La Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP) considera prejubilables durante el mismo periodo a 460 operarios. La Hullera Vasco Leonesa a 321 trabajadores y el grupo Viloria a 180. Siempre sobre el conocimiento de las pirámides de edad que manejan las mencionadas compañías. Los 151 millones de euros de diferencia entre la aplicación de una cifra u otra de prejubilaciones para el cálculo del índice de reparto de fondos tendría ya una repercusión inmediata este mismo año en el capítulo de ayudas para ejecución de infraestructuras. Sobre el índice que maneja Industria del 24,97 para Castilla y león, de los 250 millones de euros fijos para el 2006 en dicho capítulo, a las cuencas leonesas y palentinas se le asignarían 62,4 millones de euros. Si se aplicara el índice del 30,24% que se persigue en medios sindicales, la partida para realización de obras de infraestructura ascendería hasta los 75,6 millones de euros. Una diferencia nada desdeñable, de más de 13 millones de euros, si se toma como referencia, por ejemplo, que la puesta en marcha del Campus del Bierzo, con fondos carboneros, se logró con algo más de 15 millones de euros. La vicepresidenta primera de la Junta, María Jesús Ruiz, retó a Ramos a explicar «por qué los sindicatos se han levantado de la mesa» de negociación del Plan del Carbón. En este sentido, añadió: «Los únicos que mienten son el PSOE y el presidente del Gobierno, que anunciaron que iban a aprobar el Plan del Carbón el pasado verano y todavía estamos donde estamos». Ruiz sostuvo que el futuro de la estrategia minera no es cuestión de que unas declaraciones sean verdad o mentira, sino cómo se firma el plan y con que aportación económica. «Más le vale al PSOE y a las cuencas mineras que no sea verdad lo que he dicho. Ojalá tenga que rectificar», añadió. En concreto, la vicepresidenta informó ayer de que el Gobierno central prevé cambiar los criterios de reparto en la asignación de fondos, algo que perjudicaría a Castilla y León, ya que no se concederían en función al desempleo generado en las cuencas mineras, sino por el número de parados de las listas del Inem, correspondientes a todos los sectores de actividad. El portavoz del PSCL-PSOE, Francisco Ramos, achacó ayer a la «mala fe» la «mentira» de la vicepresidenta primera de la Junta, María Jesús Ruiz, sobre que el Gobierno prevé beneficiar a Galicia en el reparto de los fondos del nuevo Plan del Carbón 2006-2012. Ramos sostuvo, en rueda de prensa, que el Plan del Carbón es de «estricta competencia del Estado» e instó a la Junta a que «sea respetuosa» y deje a los sectores implicados, agentes sociales y Gobierno, que continúen «con la negociación que está a punto de concluir en esta materia». «El Plan del Carbón es satisfactorio para el PSCL aunque estaríamos más satisfechos si las pérdidas en el reparto de los fondos se compensarán con algún tipo de fondo de nivelación», reconoció el portavoz socialista.Ramos argumentó su respaldo al documento que hay sobre la mesa en que supone que se mantenga en Castilla y León entre el 70 y 80% del carbón de España, y «por tanto del empleo en el sector, como en ninguna otra comunidad». Además, «se mantiene los niveles de inversión a partir de los criterios acordados».