La Junta dice que sigue sin noticias sobre los 900 millones del Gobierno La comunidad tendrá una sociedad pública de medio ambiente

El vicepresidente segundo y consejero de Economía de la Junta, Tomás Villanueva, denunció ayer que el Gobierno central trata de forma «sectaria» a Castilla y León y señaló que lleva dos meses esperando la llamada del asesor de Economía del presidente del Gobierno, Miguel Sebastián, para definir los trabajos para la recepción por parte de la comunidad de los 900 millones de euros del Fondo de Cohesión, prometidos por Rodríguez Zapatero a Herrera durante su última entrevista en La Moncloa el pasado 16 de enero. Villanueva transmitió su decepción: «Yo sólo cumplo las órdenes de mi presidente que me dijo que me sentara con él (Miguel Sebastián) para trabajar en la financiación europea». Por eso, instó a Sebastián a que haga lo mismo y obedezca a su presidente, porque «no se me pone al teléfono». El pasado 16 de enero y tras su entrevista, Herrera y Rodríguez Zapatero acordaron la creación de de un «mecanismo de trabajo» entre ambas administraciones, en el que participará el propio presidente de la Junta, Tomás Villanueva y Miguel Sebastián para preparar un convenio de colaboración en el que se definan «los programas y las acciones a las que se puedan dirigir los recursos del Fondo de Cohesión». Improvisación El vicepresidente segundo denunció la actuación del Gobierno respecto a Castilla y León, al que acusó de «traicionar» a la comunidad. De este modo, enumeró distintos hechos como el anuncio para la creación de un parque tecnológico en Ponferrada, cuando la Junta desarrolla un polígono industrial en la misma zona con una superficie de dos millones de metros cuadrados. «Un parque tecnológico no se puede improvisar», sostuvo Villanueva, quien censuró al PSOE por «vender popularmente todas las cosas a través del Gobierno». «Intentamos compartir proyectos con el Gobierno de España y no lo conseguimos», insistió, para quejarse también ante las últimas noticias respecto al Plan del Carbón y un posible cambio de criterios en la asignación de recursos que, a su juicio, perjudicaría a Castilla y León. «Así no se puede gobernar un país, una comunidad, ni un ayuntamiento», concluyó el consejero de la Junta. El consejero de Medio Ambiente, Carlos Fernández Carriedo, señaló que el objetivo de constituir una nueva empresa pública para la gestión y ejecución de proyectos, obras y servicios medioambientales tiene como objetivo dotar a Castilla y León de instrumentos que le permitan «aprovechar el patrimonio natural» que, a su juicio, es una fuente de creación de empleo y riqueza. Además, en declaraciones a Ical, el titular de Medio Ambiente defendió la necesidad de esta nueva herramienta dentro del contexto europeo, en el que Castilla y León «va a competir en la primera división», a consecuencia de su salida del grupo de regiones Objetivo 1, por lo que «debe dotarse de los mecanismos necesarios para ser más competitivos». Creación de empleo En este sentido, el consejero abogó por hacer del medio ambiente un elemento de creación de empleo y riqueza en el mundo rural y avanzó que la actividad objeto del nuevo ente público tiene un sentido «muy abierto», con el fin de «servir de instrumento útil a la sociedad». Fernández Carriedo señaló que su departamento ha enviado el borrador inicial de constitución de esta empresa pública al Consejo Económico y Social (CES), además de haber informado al Consejo Regional de Medio Ambiente del proyecto. Finalmente, expresó su deseo de que el proyecto sea una realidad a lo largo de este ejercicio y sostuvo que lo que más interesa a la Junta es que la empresa cumpla «el doble objetivo que hemos planteado y es justificado que se haga en este momento, porque aspiramos a que el medio ambiente constituya un elemento de referencia». Capital social El anteproyecto de ley de creación de esta nueva empresa, que tendrá la denominación «Sociedad Pública de Medio Ambiente de Castilla y León», al que ha tenido acceso la agencia Ical, prevé que el capital social fundación será de 500.000 euros suscrito íntegramente por el Gobierno autonómico, que con esta nueva iniciativa pretende preparar proyectos para concurrir a más ayudas europeas.