Gobierno y sindicatos firman, después de 14 meses de negociación, el principio de acuerdo
León recibirá más de 650 millones hasta el 2012 con el Plan del Carbón Capital riesgo, microcréditos para autónomos e I+D+i
La Junta deberá aportar otro 25% para garantizar la adicionalidad de los fondos
Las comarcas mineras leonesas recibirán en los próximos siete años alrededor de 650 millones de euros, correspondientes al reparto de los 2.880 millones con los que el Gobierno ha dotado al Plan Nacional de Reserva Estratégica del Carbón 2006-2012. A este dinero, que se destinará a proyectos de infraestructuras, creación de empresas y formación, habrá que sumar un 25% más que la Junta de Castilla y León deberá aportar para garantizar la adicionalidad de los fondos mineros. Así consta en el documento de principio de acuerdo que ayer firmaron, después de catorce meses de negociación y una huelga del sector, el Ministerio de Industria y los sindicatos UGT y CC.OO. Ha sido un proceso largo y complicado pero que, en opinión de Gobierno y sindicatos, ha permitido firmar un plan que mejora el anterior. El documento firmado ayer contempla la creación de una comisión que redactará el texto definitivo, que será aprobado en el plazo más breve posible. Sin embargo, no será esta semana, por lo que el Plan del Carbón no será aprobado previsiblemente hasta el Consejo de Ministros del día 17. También deberá ser firmado por la patronal del sector, Carbunión. Mejora el anterior Según el Ministerio de Industria, el nuevo plan «mejora sensiblemente el anterior porque es más riguroso en el control de la producción subvencionada y de las ayudas, permite una mayor participación de los sindicatos en los aspectos relacionados con los compromisos de producción, empleo y recolocaciones y está proporcionalmente más dotado de recursos presupuestarios que el plan precedente». Los sindicatos cerraron ayer con el secretario general de la Energía, Antonio Fernández Segura, los últimos flecos pendientes, entre ellos la participación de la parte social en las comisiones regionales, que serán las encargadas de evaluar los proyectos financiados con los fondos mineros. En cuanto al reparto de estos fondos entre las autonomías, el secretario regional de FIA-UGT, Manuel López, destacó ayer que «no ha sido posible incluir el complemente que pedían los responsables de Castilla y León», pero recordó que el plan destinará 411 millones de euros al año a las comarcas mineras, frente a los 290 millones del plan anterior. También destacó que el reparto queda abierto, de forma que la comunidad se repartirá el 24,96% de los fondos según los criterios de pérdida de empleo establecidos; pero «estos criterios podrán ser revisados si las pérdidas de puestos varían». Satisfacción López se mostró satisfecho con el plan firmado, «ha sido un buen trabajo y es un excelente proyecto en temas económicos y sociales. No ha sido fácil, pero el presidente del Gobierno ha cumplido su palabra». El responsable regional de UGT consideró el Plan del Carbón como el «plan industrial más importante de la última década, del que dependen miles de trabajos directos e indirectos y muchas poblaciones». También hizo un llamamiento a los partidos políticos para que «no traten de instrumentalizar el acuerdo, porque nos tendrán siempre enfrente». Por su parte el secretario provincial de la Federación Minerometalúrgica de CC.OO., Alberto González Llamas, valoró muy positivamente el acuerdo, pero criticó un retraso que achacó exclusivamente a la «poca pericia» de Industria, y a la «actitud inmovilista» en lo social del Gobierno. Reconoció sin embargo que el plan «redobla los esfuerzos en reactivación, porque mira más a las empresas que a las infraestructuras»; y advirtió: «Nadie nos va a tener como aliados. No hemos querido retrasar más el plan, pero sabemos que las cifras de partida del empleo en León no son las correctas». El nuevo Plan del Carbón mantiene, según el Ministerio de Industria, las ayudas a los proyectos de infraestructuras, pero pretende hacer un «esfuerzo especial» en el apoyo de los proyectos empresariales generadores de empleo, y además de las clásicas subvenciones va a abrir el abaino de las modalidades de ayudas para incorporar figuras tales como el capital riesgo, una línea específica de I+D+i, microcréditos para iniciativas empresariales individuales y más fondos para proyectos empresariales en general. El nuevo plan, según el Gobierno, fija como objetivos básicos para la minería del carbón en los próximos siete años una producción final de 9,2 millones de toneladas, manteniendo la actual proporción entre carbón subterráneo y cielo abierto; mientras que la plantilla se situará al término del plan en 5.800 trabajadores. Las prejubilaciones anticipadas generalizadas se fijan en los 52 años equivalentes, y las empresas adquieren el compromiso de creación de 1.700 nuevas colocaciones y 520 recolocaciones de trabajadores de empresas ya existentes. En el capítulo de ayudas, se destinan 2.880 millones de euros en sisete años a formación, promoción, reactivación de las comarcas mineras e infraestructuras. En este fondo se incluye una partida de 150 millones por los incumplimientos del anterior plan del carbón, donde se redujeron producción y empleos en mayor medida de la prevista. Según el Gobierno, el nuevo plan se adapta al reglamento comunitario de ayudas y «reajusta la capacidad productiva del sector, atiende los aspectos laborales y sociales y supone un esfuerzo presupuestario notable para impular la diversificación de la base económica de las comarcas mineras». Además, «atiende de manera significativa los aspectos laborales y sociales, sobre todo las prejubilaciones». CC.OO. ha exigido al Gobierno que incluya en el plan una cautela para revisar cada año el desvío que se produzca en la pérdida de empleo en Castilla y León, y que se reajuste anualmente el volumen de fondos que percibe cada autonomía en función de esta pérdida. «Con esta cautela, al final del plan cada autonomía se habrá llevado la parte de fondos exactamente correspondiente al empleo que ha perdido», explicó González Llamas; quien criticó la poca receptividad que en su opinión ha tenido Industria para introducir esta última modificación.