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La segunda fase cuenta ya, en estos momentos, con veintidós empresas interesadas

Amilivia apuesta por una tercera fase para ampliar el Parque Tecnológico

El Ayuntamiento concede a Syva la licencia ambiental y de obras para que se instale

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A. Caballero - león
León

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Las 32 hectáreas con las que cuenta en estos momentos el Parque Tecnológico de León pueden ser una referencia vaga dentro de unos meses, si se lleve a efecto la ampliación a la que parece conducir el elevado índice de demanda existente. Terrenos en los alrededores de la instalación, en la pedanía de Armunia, abundan y el desarrollo de los mismos como escenario de proyectos de investigación tecnológica sólo pende de la voluntad con la que se afronte. El análisis de la idoneidad sobre el alargamiento de la infraestructura fue resuelto ayer por Mario Amilivia, alcalde de la capital leonesa, a partir del anuncio que hizo la pasada semana en León el consejero de Economía y Empleo del Ejecutivo autonómico. Tomás Villanueva afirmó en su visita a la ciudad que a día de hoy se contabilizan «22 proyectos interesados en instalarse en la segunda fase del Parque Tecnológico», lo que le sirvió al primer edil de la corporación para hacer un razonamiento simple: «Si la demanda es tan grande, habría que ir a una tercera fase, lógicamente», zanjó para alejar cualquier atisbo de duda sobre un posible abandono de los planes expansionistas, así como para hacer ver a la administración autonómica sus intenciones. Amilivia avanzó esta propuesta tras la Junta de Gobierno Local en la que se dio por aprobada la licencia ambiental y la de obras a Laboratorios Syva para la planta de producción, fabricación de medicamentos y vacunas para uso veterinario, que será uno de los polos de referencia del Parque Tecnológico. El desarrollo de la instalación leonesa está en manos de Gestión Urbanística de Castilla y León (Gesturcal) y sus iniciativas se incardinan en la Red de Parques Tecnológicos de la comunidad, donde también está Boecillo, lo que hace que el impulso de toda la infraestructura sea responsabilidad directa del gobierno autonómico.

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