Aulesa se niega a pagar los 458.475 euros del IBI de la autopista León-Astorga

Los Ayuntamientos por los que atraviesa la autopista León-Astorga se reunirán mañana con técnicos de la Gerencia del Catastro en León, con el fin de abordar el recurso interpuesto por la concesionaria de esta vía de comunicación, la empresa Autopistas de León, S.A. (Aulesa), que entiende que las valoraciones catastrales de la autopista son incorrectas. Esta fue la decisión tomada por siete de los diez alcaldes por cuyos términos municipales discurre la autopista, que se celebró ayer en Astorga, y que entienden que los intereses de sus municipios se ven dañados por una empresa que solicitó a la Diputación provincial la suspensión del procedimiento de cobro del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Características Especiales, impuesto por cada uno de los ayuntamientos incluidos en el trazado y que asciende a 458.475,34 euros. La cuantía depende de los kilómetros y la superficie que ocupa la autopista en cada término y de la ordenanza que rige en cada territorio, cuyo máximo lo marca la ley, según explicaron ayer los alcaldes, reunidos en Astorga. Las ordenanzas Las cantidades del IBI, cuyo cobro gestiona la Diputación provincial, dado el tamaño de los ayuntamientos afectados, van desde un mínimo de 2.913,37 euros a un máximo de 120.722,96 euros. «Cuando se aprobaron las ordenanzas municipales, Aulesa no las recurrió», señalaron los regidores, que buscan con la reunión de mañana apoyar la postura del Catastro a fin de que el recurso de Aulesa no prospere y dejen de percibir un dinero al que los ayuntamientos se consideran con derecho. Dentro del proceso, algunos alcaldes manifestaron su temor de que la concesionaria recurra también las ordenanzas «como argucia para ganar tiempo». La Diputación provincial denegó, por decreto de la presidencia, la solicitud de anulación del procedimiento de cobro del IBI, motivo por el que Aulesa habría planteado un procedimiento contencioso administrativo contra la Administración provincial, según se indicó en el encuentro. Los alcaldes valoraron positivamente la postura que ha adoptado ante esta situación la Diputación provincial y desecharon personarse en el contencioso administrativo como parte interesada, al considerarlo innecesario. Con recargo Según Faustino Sutil, alcalde de Bustillo, la Diputación habría aplicado ya un incremento del 10% a la tasa por demora, que de continuar pasaría a ser del 20%. El acuerdo unánime fue la redacción de un escrito que entregarán mañana ante la Gerencia del Catastro una delegación de municipios encabezada pro el alcalde de Bustillo del Páramo, Faustino Sutil, que tiene cita ante este organismo del Ministerio de Hacienda.