El Tribunal Supremo condena a tres años de cárcel a dos ex pedáneos

El Tribunal Supremo ha emitido un fallo judicial por el que condena a los dos anteriores pedáneos de Alija de la Ribera a tres años de prisión y ha indemnizar a la junta vecinal de la localidad con 21.430 euros (tres millones y medio de las antiguas pesetas) por un delito de malversación de fondos públicos. El fallo, con fecha 14 de febrero del 2006, incluye también la inhabilitación absoluta por un tiempo de seis años. En el proceso judicial, el Tribunal Superior decretó además la libre absolución de un tercer acusado, Miguel Pérez García, por falta de pruebas que lo impliquen. Los hechos, juzgados y denunciados por el actual presidente de la junta vecinal, Oscar Prieto, tuvieron lugar entre diciembre de 1987 y mediados de 1995, cuando, según Prieto, «hicieron suyo con ánimo de propio beneficio alrededor de 70.000 euros». En este sentido, el actual pedáneo señaló que «cuando tomé posesión del cargo, hace once años, los ex pedáneos sólo me entregaron una cartilla con 8.000 pesetas; las cuentas pertinentes sobre gastos e ingresos eran prácticamente inexistentes y, faltaba dinero»; y añadió que «junto a esta sentencia del Tribunal Supremo, hay otra del Tribunal de Cuentas que les obliga a indemnizar con unos 45.000 euros». Leonardo Ferrero y Bernardo Pérez fueron presidentes de la junta vecinal desde 1987 hasta 1991 y de 1991 a 1995, respectivamente. Durante estos ocho años, los condenados manejaron unos ingresos de la junta vecinal que ascendían a 165.794 euros, según los certificados de las entidades pagadoras, los extractos de las cuentas bancarias de la junta y los ingresos registrados en contabilidad sin soporte justificativo. La parte acusada Por su parte, según ha manifestado Cristina Ferrero, hija de uno de los condenados, «lucharemos por que se haga justicia, ya que la sentencia emitida no es para nada justa; Ninguno de los acusados se ha llevado ni un duro de forma ilegal». En este sentido añadió que «el procedimiento judicial contiene un error de base y de procedimiento de los letrados, por lo que no debe ser válido. Además, hay que añadir otro error administrativo y ciertas irregularidades en la cuentas presentadas, como se puede demostrar», matizó.