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El ministro de Industria y los sindicatos firman hoy el Plan del Carbón

Carbunión accede a actualizar los salarios mineros con el IPC

La subida de los sueldos se equipara a la de las ayudas a las empresas que recoge el acuerdo

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Juan Vázquez - león
León

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Las federaciones mineras de CC.OO. y UGT han acordado con la patronal minera Carbunión que los salarios de los mineros se revisen anualmente en función de la subida de la inflación, al igual que sucederá con las ayudas al funcionamiento que reciban las empresas. Este acuerdo queda reflejado en uno de los anexos al Plan General de la Minería del Carbón 2006-2012 que hoy firmarán las centrales sindicales y el ministro de Industria, José Montilla. Los empresarios se comprometen a incrementar los salarios de los mineros, como mínimo, en el IPC previsto del 2% y a la regularización si la inflación real superara la prevista y el Ministerio de Industria revisase las ayudas a las empresas en el mismo porcentaje. Desde la Federación Minerometalúrugica de CC.OO, se valora de forma muy positiva este acuerdo con Carbunión, y recuerdan que es la primera vez que la patronal acepta que las condiciones salariales de los trabajadores del sector fuesen acordadas previamente dentro de un plan. El ministro de Industria, José Montilla, y los sindicatos mineros firmarán hoy el Plan de la Minería del Carbón 2006-2012 acordado el pasado día ocho. Por parte de los sindicatos suscribirán el plan los secretarios generales de la Federación Minerometalúrgica de CC.OO. y de FIA-UGT, Felipe López y Antonio Deusa, respectivamente. El acuerdo deberá ser visado por la Comisión Europea (CE) antes de tener plena validez. El 8 de marzo, las dos partes llegaron a un principio de acuerdo definitivo después de superar el último escollo, el reparto de las ayudas por comunidades autónomas. Los sindicatos mineros renunciaron a aumentar los fondos pactados el pasado mes de noviembre (2.880 millones de euros), mientras que Industria aceptó los criterios objetivos de reparto propuestos por los representantes sindicales. Reparto por regiones El reparto se efectuará en función de tres factores: el empleo que se perderá durante el Plan 2006-2012, el empleo perdido en el plan anterior y la tasa de paro de cada comunidad autónoma. De acuerdo con estos parámetros, se prevé que Asturias recibirá el 59,40 por ciento de los fondos, León el 24,96 por ciento, Galicia el 4,7 por ciento, Andalucía el 4 por ciento, Aragón el 3,1 por ciento, Castilla-La Mancha el 2,86 por ciento y Cataluña el 0,98 por ciento. Los representantes sindicales han precisado, no obstante, que este reparto es provisional y que los porcentajes pueden variar. Los sindicatos mineros habían pedido un complemento de 131 millones de euros para ajustar el reparto por comunidades autónomas, pero el Ministerio de Industria no aceptó. Un plan más ajustado Según Industria, el nuevo plan mejora sensiblemente el anterior porque es más riguroso en el control de las ayudas y de la producción subvencionada, permite una mayor participación de los sindicatos y está «proporcionalmente más dotado» de recursos presupuestarios. Industria considera que el nuevo plan se adecúa a la normativa comunitaria, ajusta la capacidad productiva del sector, atiende los aspectos laborales y sociales, y supone un esfuerzo presupuestario «notable» para impulsar la diversificación económica en las comarcas mineras. El nuevo plan, buena parte del cual se pactó en noviembre, fija en 9,2 millones de toneladas la producción de carbón en 2012, frente a los 12,1 millones actuales. Además, establece que la plantilla se situará al término del plan en 5.800 trabajadores. Las prejubilaciones anticipadas se fijan en 52 años equivalentes (la edad real corregida por un coeficiente que depende de la penosidad del puesto de trabajo). El plan recoge el compromiso de crear 1.700 nuevos empleos y de recolocar a 520 trabajadores de empresas ya existentes. En el capítulo de ayudas, se destinarán 2.880 millones de euros a formación, promoción, reactivación de las comarcas mineras e infraestructuras. En esta suma se incluye una partida de 150 millones para cubrir los incumplimientos del anterior Gobierno.

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